REDACCIÓN - 30 Jul 2025

Renuncia entre los desaparecidos: La dimisión de Teresa Reyes Sahagún revela el fracaso estructural de la política nacional de búsqueda

Un artículo de Inédito Mx



Este lunes, la Secretaría de Gobernación informó que Teresa Reyes dejará el cargo el 31 de agosto. En su lugar, se alista una consulta pública con colectivos de víctimas y organizaciones civiles para nombrar a una nueva persona titular, conforme a lo establecido en los artículos 51 y 52 de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada.


La narrativa oficial habla de continuidad institucional y apertura ciudadana. Pero el fondo de este relevo encierra un vacío mucho más profundo: el fracaso persistente del Estado mexicano para enfrentar, entender y responder a la crisis nacional de desapariciones, que al cierre del sexenio de Andrés Manuel López Obrador sumó más de 50 mil nuevos casos.




Una renuncia que ya había ocurrido… simbólicamente



Antes de Teresa Reyes, Karla Quintana Osuna, primera titular de la CNB, renunció en agosto de 2023 tras alertar, de forma implícita, sobre la manipulación institucional de las cifras de personas desaparecidas. Su salida se dio en el contexto de un censo alterno ordenado desde Palacio Nacional y ejecutado por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, que eliminó del Registro Nacional de Personas Desaparecidas a más de 20,000 casos sin notificación ni método transparente.


Esta “desaparición administrativa de desaparecidos”, como la llamaron académicos y defensores, rompió la confianza pública en el Registro y desacreditó el trabajo técnico de la CNB. Según análisis del Programa de Derechos Humanos del CIDE y del IMDHD, el censo no fue validado por expertos independientes ni permitió la participación de las familias. Para muchos, fue una operación de “maquillaje estadístico” para cerrar el sexenio con cifras políticamente más digeribles. Quintana se fue denunciando que la política de búsqueda estaba siendo “utilizada con fines distintos a los que exige la gravedad del fenómeno”.




La llegada de Teresa Reyes: improvisación institucional



A la salida de una experta le siguió la llegada de una funcionaria sin trayectoria en el tema. Teresa Reyes Sahagún provenía del ámbito educativo (INEA) y social (programas del Bienestar), sin experiencia forense ni jurídica en desapariciones. Colectivos de búsqueda, organizaciones internacionales y especialistas en derechos humanos señalaron que no cumplía con los requisitos legales para encabezar la CNB, como los dos años previos de experiencia específica en búsqueda o atención a víctimas.


Su gestión fue marcada por ausencia pública, falta de liderazgo técnico y una creciente desconexión con los colectivos de víctimas, quienes reportaron que la Comisión dejó de acompañarlos activamente. Mientras las fosas clandestinas seguían apareciendo, la CNB fue desplazada por otras instancias como la Guardia Nacional o la FGR, debilitando su papel coordinador.




El legado de AMLO: impunidad estructural y desdén presidencial



Durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador (2018–2024), México vivió el mayor incremento histórico en desapariciones: más de 50,000 nuevos casos, con un promedio de 1.07 personas desaparecidas por hora. En lugar de fortalecer a la CNB, el gobierno centralizó decisiones, excluyó a las víctimas de procesos clave y evitó enfrentarse al papel de las Fuerzas Armadas en el fenómeno.


El caso Ayotzinapa es paradigmático: en 2022, la Comisión de la Verdad —creada por el propio gobierno— reconoció que el crimen fue un crimen de Estado, con participación activa del Ejército y autoridades civiles. Sin embargo, los altos mandos responsables siguen impunes. El gobierno optó por denunciar “montajes” y minimizar el involucramiento castrense.


Además, el presidente jamás recibió personalmente a las madres buscadoras, incluso cuando cruzaron el país con palas al hombro. En entrevistas académicas recopiladas por el CIESAS, representantes de más de 40 colectivos denunciaron el “desdén simbólico” del Ejecutivo: “Nos llamó adversarias por exigir lo que es nuestro derecho: encontrar a nuestros hijos”.




Sheinbaum y el espejo roto: más desapariciones, menos respuestas



La llegada de Claudia Sheinbaum a la presidencia no ha revertido la crisis. En sus primeros 100 días, el país registró más de 4,000 desapariciones, lo que equivale a 1.6 personas por hora. Según el colectivo “A dónde van los desaparecidos”, se trata de un incremento del 60 % respecto al promedio del sexenio anterior, y sin una nueva estrategia clara.


Si bien Sheinbaum ha dicho públicamente que pondrá “la búsqueda de personas en el centro de su gobierno”, sus acciones contradicen ese discurso. Ha negado que existan desapariciones forzadas perpetradas por el Estado, pese a los reportes de Naciones Unidas y al hallazgo de lugares como Teuchitlán, Jalisco, donde fueron localizados más de 100 cuerpos calcinados en un sitio con señales de cremación controlada.


El caso Teuchitlán ha sido un parteaguas: las fiscalías estatales no preservaron adecuadamente el lugar, alterando evidencia. La CNB fue marginada de la investigación. La académica Ana Lorena Delgadillo, directora de la Fundación para la Justicia, lo resumió así: “Seguimos repitiendo el patrón de la simulación: tenemos leyes avanzadas, pero instituciones incapaces de ejecutarlas sin interferencia política.”




La impunidad como sistema



Los estudios más duros no provienen sólo de los colectivos, sino de informes académicos de alto nivel. El Comité de Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada, tras una visita en 2022, afirmó que la impunidad es estructural, persistente y sistemática en México. Señaló que en el país se pueden cometer desapariciones sin consecuencias legales, y que existe una “aceptación tácita” por parte de actores estatales.


La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el Programa de Política de Drogas del CIDE y organizaciones como el IMDHD han coincidido en un punto crucial: la crisis no es sólo de seguridad, sino de Estado de derecho. No se trata de que falten leyes, sino de que las élites políticas y las fiscalías no quieren aplicarlas cuando implican enfrentar a corporaciones armadas o redes de corrupción institucionalizadas.




¿Y ahora qué?



La salida de Teresa Reyes abre la puerta a una posible reconstrucción de la CNB. Pero también obliga a mirar al abismo que el Estado ha evitado enfrentar durante años. No es suficiente con convocar consultas o nombrar nuevos rostros. El próximo titular debe tener experiencia real, independencia técnica y legitimidad ante las víctimas.


De lo contrario, la CNB seguirá siendo una oficina decorativa, incapaz de frenar la catástrofe humanitaria más dolorosa del México contemporáneo. No hay transformación posible sin verdad. No hay justicia sin búsqueda. Y no hay búsqueda sin una voluntad política dispuesta a incomodar a quienes hoy se benefician de la impunidad.

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