En medio de crecientes presiones internacionales sobre el combate al crimen organizado en México, las autoridades estatales y federales detuvieron esta semana a seis presuntos integrantes de “La Barredora”, una célula criminal originaria de Tabasco y vinculada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Los arrestos no solo representan un golpe logístico a las estructuras delincuenciales en el centro del país, sino que también colocan nuevamente bajo escrutinio a una red que, según informes de inteligencia, habría operado con protección política durante años.
El operativo, llevado a cabo en dos colonias populares de la capital poblana, expuso una célula armada con chalecos tácticos rotulados con las leyendas “Operativa Barredora” y “CJNG”. Se decomisaron armas largas, cartuchos de uso exclusivo del Ejército y envoltorios con presuntas sustancias ilícitas. Uno de los detenidos, identificado como “El Rolas”, cuenta con antecedentes por portación de arma y delitos contra la salud desde 2023.
Pero más allá del despliegue operativo, el caso se inscribe en un contexto político tenso: La Barredora ha sido asociada a Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad de Tabasco, hoy prófugo de la justicia y buscado por Interpol. Bermúdez, según diversos reportes, habría convertido la Secretaría a su cargo en un enclave criminal que facilitaba extorsiones, control territorial y protección institucional a favor del CJNG.
Bermúdez no es cualquier exfuncionario. Fue parte del gabinete de Adán Augusto López Hernández, actual senador y figura clave en el primer círculo del expresidente Andrés Manuel López Obrador. Aunque no se ha emitido una orden de aprehensión contra López Hernández, el vínculo con Bermúdez —y los presuntos pactos de no intervención durante su gobierno— han reavivado las acusaciones de penetración del crimen en las estructuras locales.
La presidenta Claudia Sheinbaum ha respondido con cautela. Su administración niega haber recibido presiones de Estados Unidos para actuar contra políticos vinculados al crimen, pero funcionarios de seguridad consultados por The New York Times confirmaron que el caso Bermúdez figura como tema prioritario en conversaciones bilaterales.
La presencia de La Barredora en Puebla no es fortuita. El estado, que colinda con el altiplano central y el sureste mexicano, se ha convertido en una pieza clave para el trasiego de drogas, armas y personas. Grupos como el CJNG y el Cártel de Sinaloa han disputado su control a través de células que se mimetizan con pandillas locales o asociaciones civiles fachada.
La Secretaría de Seguridad de Puebla ha informado que, en los últimos seis meses, se han desmantelado al menos tres casas de seguridad operadas por organizaciones provenientes de Tabasco y Veracruz, donde se coordina desde narcomenudeo hasta operaciones de mayor escala. La detención de los seis presuntos miembros de La Barredora se enmarca en ese esfuerzo de contención.
Los recientes golpes contra células vinculadas al CJNG y los silencios en torno al exsecretario Bermúdez han comenzado a generar fisuras en el interior del partido gobernante. Durante el más reciente Consejo Nacional de Morena, Sheinbaum recibió un espaldarazo unánime, pero la consigna fue clara: “ningún nombre, por alto que esté, estará por encima de la legalidad”.
La frase no fue casual. A puerta cerrada, algunos sectores del morenismo —particularmente aquellos ajenos al entorno lopezobradorista— han comenzado a deslindarse de personajes ligados a estructuras clientelares y caciquiles en el sureste. El “caso Tabasco” amenaza con convertirse en una prueba de fuego para la presidenta.
Pese a los arrestos y la exhibición pública de las armas y chalecos decomisados, persisten dudas sobre el alcance real de las investigaciones. Ninguno de los seis detenidos ha sido vinculado de manera directa a Bermúdez o a otros altos mandos del supuesto entramado tabasqueño.
Activistas y expertos en seguridad han advertido que el patrón se repite: caen los operadores, pero no los protectores. “Hay un vacío institucional cuando los crímenes se persiguen de abajo hacia arriba. Si los vínculos con la política no se investigan, solo se está decapitando a las células, no al sistema que las sostiene”, advirtió una fuente del Observatorio Nacional de Seguridad, que pidió anonimato por motivos de seguridad.
La detención en Puebla no es solo un avance táctico en la lucha contra el crimen organizado. Es también un punto de inflexión en el mapa político del nuevo gobierno. Sheinbaum enfrenta un dilema: mantener la lealtad a su herencia política o limpiar el terreno incluso si ello implica romper con figuras históricas del obradorismo.
Por ahora, La Barredora ha sido golpeada. Pero el reto que permanece es más profundo: demostrar que en México, la impunidad no es una constante estructural, sino un enemigo que se puede y se debe enfrentar, incluso si ese enemigo lleva corbata y fuero.