Iniciativa de Morena busca sancionar a funcionarios que ignoren exhortos del Congreso en Querétaro

En un intento por fortalecer la cultura de la rendición de cuentas y frenar prácticas de omisión institucional, el diputado local Edgar Inzunza Ballesteros, coordinador del Grupo Legislativo de Morena en la LX Legislatura del Estado de Querétaro, presentó una iniciativa para adicionar el artículo 38 Bis a la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado.

La propuesta legislativa tiene como eje central dotar de fuerza jurídica a los exhortos emitidos por el Congreso local, estableciendo que las autoridades estatales y municipales deberán responder formalmente a estos llamados en un plazo no mayor a 30 días naturales. En caso de no hacerlo, la omisión será considerada una falta administrativa sancionable conforme al marco legal vigente.

De exhortos ignorados a sanciones concretas

Durante la presentación de la iniciativa, Inzunza denunció que en la práctica parlamentaria queretana es frecuente que los exhortos aprobados por el Congreso —es decir, llamados formales a distintas instancias del poder público para actuar o responder sobre temas específicos— sean sistemáticamente ignorados por los titulares de dependencias o autoridades municipales.

“No podemos permitir que los llamados del Congreso queden sin respuesta. Esta práctica ha debilitado el diálogo institucional y socavado la confianza en las instituciones”, expresó desde tribuna el legislador morenista.

Actualmente, los exhortos son considerados actos no vinculantes, lo que en muchos casos permite a las autoridades aludidas eludir la responsabilidad de responder o justificar su inacción, generando un vacío de control político y una percepción de impunidad administrativa.

Con la adición propuesta al artículo 38 Bis, la omisión injustificada será formalmente sancionada, abriendo la posibilidad de aplicar medidas correctivas a quienes desacaten la comunicación legislativa, sin que medie un cambio constitucional, sino una modificación dentro de las competencias del Congreso local.

Un llamado frente al deterioro institucional

Inzunza Ballesteros sustentó su propuesta en el contexto nacional adverso en materia de combate a la corrupción. Recordó que, según el Índice de Percepción de la Corrupción 2025 publicado por Transparencia Internacional, México ocupa la posición 140 de 180 países, con apenas 26 puntos de 100 posibles. Este dato refleja, dijo, una debilidad crónica de las instituciones públicas frente al cumplimiento de responsabilidades.

“El combate a la corrupción no puede quedarse en discursos ni en escándalos mediáticos. Requiere instrumentos legales eficaces que hagan valer las obligaciones que ya están en la ley, empezando por atender los llamados del Poder Legislativo”, agregó.

En este sentido, la iniciativa no solo busca resolver una problemática local, sino incentivar un nuevo modelo de diálogo institucional, donde el Congreso del Estado no quede como un órgano decorativo, sino como un verdadero contrapeso que fiscalice, exija y, en su caso, sancione.

Comparencia obligatoria y cultura de cumplimiento

Además de establecer sanciones, la iniciativa contempla que toda autoridad que no responda un exhorto en tiempo y forma deberá comparecer ante el Poder Legislativo para justificar su omisión. Este mecanismo abre un espacio de deliberación pública que, según el diputado, dignifica la labor legislativa y fortalece la transparencia.

“Con esta reforma, buscamos que la voz del Congreso tenga peso real, y que el servicio público se ejerza con responsabilidad, sin simulaciones”, concluyó Inzunza.

Contexto legislativo y ruta de aprobación

La propuesta fue turnada a comisiones para su análisis. Se prevé que sea discutida en los próximos periodos ordinarios de sesiones, aunque algunos legisladores de oposición ya han expresado su interés en revisar a fondo los alcances del proyecto, en especial respecto a su operatividad y posibles efectos sobre la autonomía de los municipios.

Por ahora, la discusión queda abierta, y con ella, la posibilidad de que Querétaro se convierta en una de las primeras entidades del país en establecer consecuencias legales por desatender exhortos del Congreso.