El caso salió a la luz luego del decomiso de más de 10 millones de litros de diésel en el puerto de Tampico. La operación reveló un entramado en el que se simulaban importaciones temporales para evadir impuestos, desviando el combustible hacia el mercado interno. La magnitud del fraude, así como la participación de autoridades, llevó a la mandataria a reiterar que no habrá excepciones: “Cuando se encuentra un entramado de corrupción y de ilícitos, lo que hay que hacer es cero impunidad y detener a todos aquellos que estén involucrados.”
Entre los detenidos figura el vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, sobrino político del exsecretario de Marina Rafael Ojeda Durán, lo que exhibe la profundidad de la red y la complicidad en mandos de alto nivel. La Fiscalía General de la República, en coordinación con la Secretaría de Marina, el SAT y la SSPC, continúa integrando las carpetas de investigación para sustentar los procesos judiciales.
Sheinbaum recordó que este tipo de casos requieren tiempo para consolidar pruebas sólidas, pero insistió en que el mensaje es claro: su gobierno no permitirá que redes criminales operen bajo la sombra de la corrupción institucional. “Cero impunidad significa llegar a las últimas consecuencias, sin importar quién esté detrás”, puntualizó.
El escándalo del huachicol fiscal refuerza así uno de los ejes centrales del discurso presidencial: la lucha contra la corrupción. La promesa de Sheinbaum, ahora puesta a prueba, marcará la forma en que se midan los alcances reales de su administración en la persecución de delitos que han drenado por años los recursos del Estado.