De acuerdo con las indagatorias, Álvarez González habría utilizado la compra de propiedades y la creación de empresas en sectores como el tequilero y el ganadero para dar apariencia de legalidad a los ingresos del cártel. También se le acusa de coordinarse con notarios de distintos municipios de Jalisco con el fin de manipular registros de propiedad y ocultar los vínculos entre los bienes y la organización criminal, lo que le permitió consolidar un esquema de encubrimiento financiero que habría operado durante varios años.
Tras su captura, el presunto operador financiero fue puesto a disposición del Ministerio Público, que determinará su situación jurídica en los próximos días. La detención representa un golpe significativo para el CJNG, al tratarse de un perfil clave en la estructura que conecta el negocio ilícito con circuitos legales de inversión y adquisición de activos.
Más allá del impacto inmediato, el caso plantea un desafío mayor: demostrar que la acción judicial no quedará en un hecho aislado, sino que formará parte de una estrategia consistente para desmantelar las redes financieras que sostienen al crimen organizado. El reto de las autoridades será no solo judicializar con éxito el proceso, sino también avanzar en la depuración de complicidades institucionales y en la creación de mecanismos más estrictos de supervisión en sectores donde los cárteles suelen infiltrar sus recursos.
En este sentido, la captura de Álvarez González puede leerse como una oportunidad para abrir un frente más robusto en la lucha contra la delincuencia organizada, uno que trascienda la persecución militar o policiaca y coloque en el centro la inteligencia financiera, el fortalecimiento del sistema judicial y la rendición de cuentas de actores públicos y privados que, por acción u omisión, han permitido el crecimiento del poder económico de los cárteles.