Detención de “Pequeño J” en Perú: la trama internacional detrás del triple feminicidio en Argentina

La captura de José Luis Fernández, alias “Pequeño J”, en el balneario peruano de Pucusana, representa un giro crucial en la investigación del triple feminicidio que conmocionó a Argentina a finales de agosto. El detenido es señalado como autor intelectual de los asesinatos de las jóvenes Daiana Acuña, su hermana Florencia y su prima Ludmila, cuyos cuerpos fueron hallados con signos de violencia en la provincia de Córdoba.

La operación que permitió su arresto fue resultado de una coordinación estrecha entre las autoridades de Perú y Argentina, en un caso que rápidamente trascendió las fronteras y evidenció la creciente interconexión entre la criminalidad organizada y los feminicidios en la región. La ministra de Seguridad argentina, Patricia Bullrich, confirmó la detención y subrayó la cooperación internacional como una muestra de la efectividad de la red de alertas rojas de Interpol.

Fernández, considerado un operador vinculado al narcotráfico, habría planeado los crímenes como represalia en un contexto de disputas territoriales. Su alias, “Pequeño J”, ya era conocido en los círculos policiales, donde se le vinculaba con células criminales que operan a ambos lados de la frontera. La detención se produjo sin incidentes, aunque el caso continúa bajo reserva judicial.

Junto a Fernández fue capturado Matías Ozorio, otro de los sospechosos de haber participado en la organización del ataque. Con ellos, ya son nueve las personas detenidas en relación con el caso, en lo que se configura como una de las investigaciones más amplias de los últimos años en materia de feminicidio en Argentina.

El triple asesinato provocó una ola de indignación social y renovó los llamados a reforzar las políticas públicas de protección a las mujeres en América Latina, una de las regiones más violentas del mundo para ellas. Colectivos feministas en Córdoba y Buenos Aires han exigido que se avance en la tipificación de los feminicidios como crímenes de lesa humanidad, al argumentar que se trata de una práctica sistemática que pone en riesgo a millones de mujeres.

En paralelo, el gobierno argentino enfrenta el reto de mostrar resultados contundentes en un contexto de inseguridad creciente. La detención de “Pequeño J” es presentada como una victoria institucional, pero también abre interrogantes sobre las raíces del problema: la connivencia entre el narcotráfico y la violencia de género, así como la debilidad estructural del Estado para prevenir asesinatos anunciados por múltiples denuncias previas.

En ese sentido, analistas coinciden en que este caso será un punto de inflexión. Por un lado, permite demostrar la eficacia de la cooperación internacional en materia de seguridad; por otro, expone las carencias de las autoridades nacionales para atender las denuncias y proteger a las víctimas antes de que los crímenes ocurran.

La justicia argentina solicitará en los próximos días la extradición de Fernández, con la expectativa de que su testimonio esclarezca los móviles y permita desmantelar a la red criminal que lo respaldaba. El futuro del caso dependerá de la celeridad del proceso judicial y de la capacidad del Estado para responder a una sociedad que ya no admite más impunidad frente a la violencia machist