La Ciudad de México vivió este 2 de octubre una jornada marcada por la memoria y el conflicto. Miles de personas, colectivos estudiantiles, organizaciones sociales y ciudadanos marcharon desde distintos puntos de la capital para conmemorar el 56 aniversario de la masacre de Tlatelolco de 1968, uno de los episodios más dolorosos en la historia contemporánea de México.
La movilización transcurrió con un ambiente de reclamo y consignas contra la represión estatal, enmarcada por mantas, pancartas y la exigencia de justicia que, a más de medio siglo, sigue vigente. Sin embargo, al llegar al Zócalo capitalino, el tono cambió radicalmente: grupos de jóvenes encapuchados iniciaron destrozos en negocios, inmuebles y mobiliario urbano, lo que provocó enfrentamientos directos con los cuerpos de seguridad.
La policía capitalina, equipada con escudos y toletes, respondió con gases lacrimógenos y formaciones de contención. El choque generó un ambiente de tensión y caos en la plancha del Zócalo, donde los manifestantes pacíficos intentaban resguardarse entre las nubes de gas.
De acuerdo con reportes oficiales, 37 elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana resultaron heridos durante los disturbios, cinco de ellos con quemaduras. Asimismo, 18 civiles recibieron atención médica por diversas lesiones y seis fotógrafos que cubrían la protesta también resultaron lesionados en medio de la confrontación.
La violencia opacó el carácter conmemorativo de la jornada, que pretendía ser un acto de memoria y exigencia de no repetición de la violencia de Estado. El saldo no solo fue material y humano, sino también simbólico, pues el recuerdo de los estudiantes de 1968 se vio desdibujado por los disturbios en pleno corazón político del país.
El 2 de octubre sigue siendo una fecha de profunda carga histórica en México. Cada año, miles salen a las calles para recordar a los caídos y exigir justicia. Sin embargo, la irrupción de grupos violentos plantea nuevamente el debate sobre la forma en que se expresan las luchas sociales y el papel del Estado en la contención de la protesta.