El estado de Illinois y la ciudad de Chicago presentaron una demanda conjunta este lunes contra la administración de Donald Trump, con el objetivo de impedir el envío de cientos de miembros de la Guardia Nacional federalizados hacia la ciudad, entre ellos tropas provenientes de Texas.
La controversia se desata después de que el gobernador demócrata J.B. Pritzker acusara que hasta 300 efectivos de la Guardia Nacional de Illinois serían federalizados, y que otros 400 soldados de Texas serían enviados como refuerzo. La justificación del gobierno federal es que las tropas protegerían instalaciones y personal federal ante protestas relacionadas con inmigración.
Pero los demandantes alegan que esa acción es inconstitucional, una “invasión” que viola la autoridad estatal y normas federales que limitan el uso del ejército en asuntos domésticos.
La demanda invoca libros legales clave y principios constitucionales para argumentar su ilegalidad:
Desde el ámbito estatal, Pritzker calificó la acción como un “asalto a la soberanía” de Illinois y advirtió que no se dejará someter. En Chicago, el alcalde Brandon Johnson también ha criticado el despliegue, denunciándolo como una escalada federal innecesaria que puede agravar la tensión social.
Por su parte, la administración en Washington ha defendido que las medidas son necesarias para garantizar la protección de personal y bienes federales —un argumento que enfrenta cuestionamientos legales por su amplitud y uso militar en territorio civil.
Un factor clave en la contienda legal es que un juez federal en Oregón bloqueó recientemente una medida similar del gobierno de Trump para federalizar tropas en Portland, argumentando que la justificación del gobierno no cumplía los criterios legales necesarios. Ese precedente establece un mapa posible para que el caso de Illinois prospere.
El litigio podría tomar distintas rutas, entre ellas: