La propuesta modifica la Ley General de Bienes Nacionales y la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. Establece que ninguna persona podrá ser obligada a pagar, ni se le podrá restringir el paso a las playas marítimas o a la zona federal marítimo-terrestre, sin importar su origen, nacionalidad o condición social. Las únicas excepciones serán por motivos de seguridad pública, protección ambiental o interés nacional.
Se prohíbe expresamente la imposición de cobros, cuotas o condiciones restrictivas para ingresar a las playas. Además, las concesiones otorgadas en zonas costeras deberán incluir accesos públicos señalizados y seguros desde la vía pública.
Registro Nacional de Accesos a Playas
La reforma ordena la creación de un registro oficial, coordinado por la Secretaría de Medio Ambiente y los municipios, que documente y garantice la permanencia de los accesos públicos. Este registro deberá integrarse a los catastros locales para evitar bloqueos derivados de compraventas o cambios de propiedad.
Las autoridades deberán permitir el ingreso gratuito a estas zonas al menos un día por semana, además de ofrecer descuentos en domingos y días festivos. Todo esto bajo condiciones que aseguren la conservación de los ecosistemas.
El dictamen fue turnado a las comisiones de Turismo y Estudios Legislativos del Senado, donde se espera su análisis constitucional y eventual aprobación. De concretarse, México daría un paso definitivo hacia la democratización de sus costas y la protección del derecho ciudadano a disfrutar del entorno natural.