Seis muertos y más de una docena de heridos deja explosión de vehículo frente a la Policía Comunitaria de Coahuayana, Michoacán

Una camioneta cargada con explosivos estalló el sábado 6 de diciembre frente a la base de la Policía Comunitaria de Coahuayana, en la Costa de Michoacán, dejando hasta ahora seis personas muertas y al menos una docena de lesionadas. El ataque ocurrió en pleno centro del municipio y en día de plaza, lo que multiplicó el impacto de la detonación sobre civiles, comercios e infraestructura pública.

De acuerdo con la Fiscalía General del Estado (FGE), se trató de una camioneta Dakota negra, cargada con explosivos, que ingresó a Michoacán desde el vecino estado de Colima por la carretera federal 200 Manzanillo–Lázaro Cárdenas. Las cámaras de videovigilancia permitieron trazar su ruta: el vehículo cruzó el arco de entrada cerca de las 8:30 de la mañana, llegó a la comunidad de San Vicente alrededor de las 8:35, se desplazó hacia el kiosco de la cabecera y la glorieta de San Vicente hacia las 9:30, y finalmente permaneció en la zona centro de Coahuayana hasta que, aproximadamente a las 11:40 horas, se produjo la explosión frente a la base de la Policía Comunitaria.

La onda expansiva alcanzó entre 300 y 400 metros, dañó al menos 12 vehículos –incluidas dos Suburban blindadas de la propia corporación comunitaria– y afectó inmuebles cercanos, entre ellos el hospital comunitario, la presidencia municipal y comercios del primer cuadro de la ciudad. Testigos han descrito que la fuerza del estallido fue muy superior a la de los ataques con drones, que ya eran comunes en la región; algunos relatos refieren escombros y restos de estructuras proyectados a decenas de metros de altura.

Víctimas, heridos y versiones encontradas

Con el fallecimiento, la mañana del domingo, de una persona que permanecía hospitalizada, el saldo mortal se elevó a seis víctimas. Entre ellas se encuentran al menos tres integrantes de la Policía Comunitaria de Coahuayana y el propio conductor de la camioneta, cuyo cuerpo quedó calcinado y permanece sin identificar formalmente; una víctima más sigue también en calidad de desconocida.

En cuanto a los lesionados, la información oficial ha sido fluctuante. El fiscal estatal, Carlos Torres Piña, informó que siete personas heridas fueron trasladadas a hospitales de Morelia y que, además, dos civiles permanecían hospitalizados y “fuera de peligro” en la región. Sin embargo, el alcalde de Coahuayana, Andrés Aguilar Mendoza, declaró el sábado que la cifra de lesionados podría superar las 25 o 30 personas, algunas atendidas en unidades médicas locales o directamente en sus domicilios.

De “acto terrorista” a delincuencia organizada

La explosión detonó de inmediato un debate jurídico y político. La Fiscalía General de la República (FGR) atrajo el caso a través de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO). En un primer comunicado, emitido el sábado, la institución habló de una investigación por el delito de terrorismo; un día después, la fiscal Ernestina Godoy corrigió la versión y precisó que la carpeta se integra por “delito de explosión por delincuencia organizada”, en coordinación con Sedena, Marina, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Guardia Nacional.

La reclasificación del caso –de terrorismo a delincuencia organizada– ha sido analizada por especialistas en seguridad, que recuerdan que en México la figura de terrorismo exige acreditar la intención de infundir terror generalizado o presionar a la autoridad, mientras que en la práctica los ataques vinculados a cárteles suelen ubicarse en el ámbito de la delincuencia organizada, aun cuando empleen tácticas de guerra como coches bomba.

En el terreno, la FGR desplegó al menos 15 peritos del Centro Federal Pericial Forense y 11 policías ministeriales federales, especialistas en criminalística de campo, explosivos, tránsito terrestre, telecomunicaciones, genética, medicina forense y otras disciplinas, con el objetivo de reconstruir la carga explosiva, el mecanismo de detonación y los posibles responsables materiales e intelectuales del ataque.

Coahuayana: una comunidad agrícola sitiada

Coahuayana es un municipio bananero de la costa michoacana, con más de siete mil hectáreas de plantaciones. La zona ha sido históricamente disputada por grupos del crimen organizado debido a la combinación de factores: su producción agrícola (plátano, coco), la cercanía con la mina de hierro de Aquila, en Colima, y la presencia de laboratorios de metanfetamina en la sierra. Primero fue territorio asediado por Los Caballeros Templarios; en los últimos años, la presión ha provenido del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), que busca controlar la extorsión, el cobro de piso y el narcomenudeo en la región.

Frente a ese escenario, desde hace una década surgieron grupos de autodefensa y posteriormente una Policía Comunitaria, encabezada por Héctor Zepeda Navarrete, conocido como el “Comandante Teto”. Esta corporación ha mantenido enfrentamientos con los cárteles y ha denunciado reiteradamente la falta de protección efectiva por parte de las fuerzas federales, pese a que en las inmediaciones hay presencia de Ejército y Guardia Nacional.

El propio Zepeda ha señalado en entrevistas previas que se siente “cansado y decepcionado” de las autoridades, a las que acusa de mirar con desconfianza a las policías comunitarias al mismo tiempo que, en su percepción, toleran o no contienen con eficacia el avance de los grupos criminales.

Contexto: el “Plan Michoacán” y el asesinato de Carlos Manzo

El atentado ocurre en medio del llamado “Plan Michoacán por la Paz y la Justicia”, una estrategia anunciada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo a principios de noviembre, tras el asesinato del exalcalde de Uruapan, Carlos Manzo Rodríguez, atacado a tiros durante el Festival de las Velas en esa ciudad. Como parte de este plan, el gobierno federal desplegó miles de elementos adicionales de fuerzas armadas y Guardia Nacional, y presume más de un centenar de detenciones en el estado desde entonces.

La explosión en Coahuayana exhibe, sin embargo, la capacidad de fuego de los grupos criminales para golpear directamente estructuras de seguridad locales –en este caso, una policía comunitaria incómoda para los cárteles– y pone en entredicho la eficacia inmediata del nuevo plan de pacificación, al menos en la franja costera.

¿Quién estaría detrás del ataque?

Hasta el momento, ni la FGE ni la FGR han atribuido de manera oficial el atentado a un grupo en específico ni han reportado detenciones relacionadas con el caso. En el plano periodístico, tanto reportajes nacionales como internacionales apuntan al CJNG como el actor con mayor presencia y capacidad logística en la región, y señalan que la Policía Comunitaria de Coahuayana ha sido uno de los principales obstáculos para la expansión de este cártel en la costa. No obstante, estas líneas se mantienen como hipótesis y no como una imputación legal formal.

Organismos de seguridad y expertos citados por distintos medios recuerdan que el empleo de coches bomba sigue siendo inusual en México, donde la mayoría de los ataques con explosivos han recurrido a drones o artefactos enterrados; de ahí que esta detonación se considere un salto cualitativo en la violencia en Michoacán y un mensaje directo tanto a autoridades como a corporaciones comunitarias.

Lo que falta por aclarar

Las investigaciones se centran ahora en varios puntos clave: reconstruir con precisión el tipo y cantidad de explosivos utilizados, determinar si el conductor sabía que transportaba una carga letal o fue utilizado como señuelo, identificar la cadena de mando detrás del atentado y definir si el blanco principal era la estructura de seguridad comunitaria, la población civil o ambos.

También está abierto el debate sobre la calificación jurídica del ataque. Aunque la FGR se inclinó finalmente por la vía de la delincuencia organizada, voces académicas y de la sociedad civil señalan que la combinación de capacidad de fuego, ataque directo a una estructura de seguridad y afectación deliberada a la población civil podría encuadrar en los estándares internacionales de terrorismo, aun cuando la legislación mexicana sea más restrictiva en esa materia.

Por ahora, Coahuayana intenta recomponer la vida cotidiana entre autos calcinados, fachadas destruidas y una plaza pública que se convirtió, en cuestión de segundos, en escena de guerra. Y el país asiste a un nuevo capítulo de violencia extrema en Michoacán, que vuelve a evidenciar la fragilidad de las políticas de pacificación frente a la capacidad de los cárteles para escalar sus métodos de intimidación y control territorial.