Respaldan intervención de la ONU en desapariciones; advierten resistencia del Estado mexicano

CIUDAD DE MÉXICO.— La decisión del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU (CED) de escalar el caso de México ante la Asamblea General ha sido calificada como un hecho “histórico” por Sara Hernández, integrante del Comité ¡Eureka!, quien advirtió que rechazar la cooperación internacional significaría un retroceso y una señal de cerrazón institucional frente a una crisis que persiste.

Hernández, esposa de Rafael Ramírez Duarte —desaparecido desde 1977—, sostuvo que la postura de sectores del gobierno federal frente a la intervención del organismo internacional revela una desconexión con las víctimas y sus familias. “No aceptarlo es un retroceso lamentable”, afirmó, al subrayar que la dimensión del problema exige asistencia técnica en búsqueda, investigación y análisis forense.

El posicionamiento ocurre en medio de la narrativa oficial que busca diferenciar las desapariciones del pasado —asociadas al terrorismo de Estado— de las actuales. Para Hernández, esa distinción resulta insuficiente frente a una realidad marcada por la impunidad. “Puede que ya no respondan a motivos políticos, pero siguen siendo posibles por la complicidad y la falta de castigo”, señaló.

La activista cuestionó además los alcances de las políticas implementadas desde 2018, al considerar que no han logrado esclarecer casos emblemáticos ni sancionar a los responsables. “De poco sirve hablar de avances si seguimos sin saber dónde están nuestros familiares”, expresó.

En ese sentido, puso en entredicho los resultados de la Comisión de la Verdad creada durante el sexenio anterior, al señalar que sus informes permanecen sin consecuencias judiciales. A su juicio, la falta de continuidad en las investigaciones evidencia la incapacidad —o falta de voluntad— del Estado mexicano para enfrentar incluso las desapariciones documentadas del pasado.

Hernández también denunció prácticas institucionales que, según su testimonio, podrían apuntar a una manipulación de cifras. Recordó que en 2024 la Comisión Nacional de Búsqueda le informó sobre supuestos “indicios de localización” de su esposo, para posteriormente retractarse y admitir que se trató de un error. “¿Así pretendían reducir el número de desaparecidos?”, cuestionó.

La crítica se extendió a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), que recientemente descalificó el pronunciamiento del CED-ONU. Hernández expresó dudas sobre su independencia y su papel frente a la crisis.

Pese a las diferencias entre las desapariciones del pasado y las actuales, la integrante del Comité ¡Eureka! insistió en que ambas comparten un elemento central: la impunidad. Y sostuvo que la intervención internacional no debe entenderse como un ataque político, sino como una oportunidad para enfrentar un problema que el Estado no ha logrado resolver.

La discusión se da en un contexto en el que México acumula decenas de miles de personas desaparecidas y bajo presión internacional creciente, mientras el gobierno insiste en defender su estrategia y rechaza, al menos parcialmente, la narrativa de crisis estructural que organismos y colectivos denuncian.