Discriminar por embarazo es violencia y debe castigarse, avalan diputados

El dictamen indica que constituirá discriminación laboral y docente los actos u omisiones en contra de una mujer por encontrarse embarazada.

Incorporar en la ley la definición de que el maltrato laboral por embarazo es un acto de discriminación fue aprobado este miércoles por 444 votos a favor de los diputados federales.

La reforma correspondiente se hizo en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, como parte de los 16 días de activismo que las legisladoras impulsan desde el pasado 25 de noviembre y hasta el próximo 10 de diciembre.

Enviado a los senadores para continuar con el proceso legislativo, el dictamen indica que constituirá discriminación laboral y docente los actos u omisiones en contra de una mujer por encontrarse embarazada.

La incorporación de ese señalamiento se sustenta en el hecho de que ello vulnera los derechos a la igualdad, a la maternidad, al embarazo y a la lactancia.

La diputada Julieta Vences, presidenta de la Comisión de Igualdad de Género, expuso que, en el mundo laboral, existe una penalización por ser mujeres, estar casadas y por el número de hijos que se tienen.

Porque parece que nos van calificando. Si tienes un hijo es un punto menos y si tienes dos o tres, menos y menos”, enfatizó la legisladora de Morena.

Este dictamen es de suma importancia porque pretende establecer que constituye violencia laboral cuando existe discriminación, distinción, exclusión o restricción en contra de una mujer solicitante de empleo o empleada, debido a su maternidad, debido a su embarazo, debido a su lactancia, porque hemos escuchado miles de testimonios que aun cuando la ley lo prohíbe, te piden prueba de embarazo”, argumentó la parlamentaria.

El dictamen plantea que las entidades federativas y la Ciudad de México promoverán y difundirán que la discriminación por embarazo es un delito; y los tres órdenes de gobierno proporcionarán atención legal y de salud integral a quienes afronten esa situación.

También se indica que la Secretaría de Trabajo y Previsión Social deberá realizar las acciones necesarias para que las autoridades del área lleven a cabo registros confiables y sobre casos de discriminación, permitiendo identificar el tipo de conducta de que se trata, los derechos que se vulneraron y el perfil del agresor.