Congresos locales tendrán la última palabra en desafuero de funcionarios

El Pleno de la SCJN avaló que los congresos estatales tengan la última palabra para aceptar o no el proceso de desafuero aprobado por la Cámara de Diputados, en contra de funcionarios locales por delitos federales.

Con una votación de ocho votos contra tres, y un reiterado llamado a que no se crearán “mantos de impunidad”, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) avaló que los congresos estatales tengan la última palabra para aceptar o no el proceso de desafuero aprobado por la Cámara de Diputados, en contra de funcionarios locales, por delitos federales.

En el Máximo Tribunal se discutió el proyecto de la ministra Margarita Ríos Farjat, relacionado con la acción de inconstitucionalidad 112, promovida por el Poder Ejecutivo Federal, en contra de reformas a la Constitución y la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, de Tamaulipas.

Dichas disposiciones permitieron al congreso tamaulipeco no homologar la declaración de procedencia del Congreso de la Unión en contra del gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca, en 2021.

En ese momento, la Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo una orden de aprehensión por presuntos delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, en contra del entonces gobernador, sin embargo, el Congreso local no quiso homologar el procedimiento de San Lázaro.

En su proyecto, la ministra Ríos Farjat planteó que los congresos locales, por respeto al Federalismo, deben evaluar la afectación a la gobernabilidad de la entidad, determinando la separación del funcionario una vez que los diputados federales hayan resuelto su juicio de procedencia.

“Quien comete un delito debe cumplir con su pena una vez juzgado, y detentar un cargo público jamás debe ser sinónimo de blindaje o impunidad”, consideró la ministra Ríos Farjat.

La mayoría de la SCJN validó la constitucionalidad del artículo 111 de la Carta Magna, en que se faculta a los congresos estatales para aceptar la resolución de los diputados federales, cuando la FGR busque el desafuero para investigar a gobernadores, magistrados o legisladores estatales, por delitos del fuero federal.

“Las facultades de la entidad perseguidora federal no se ven mermadas porque no se retire la inmunidad a funcionarios locales, pues es prerrogativa del estado esa decisión y por ello no prescriben las conductas punibles, de manera que se puede proceder en contra de funcionarios locales una vez que dejen el cargo público que ostentan”, se estableció en el proyecto aprobado.

En materia de Federalismo, durante la discusión, el ministro Juan Luis González Alcántara recordó el desafuero que se resolvió en contra el actual presidente, Andrés Manuel López Obrador, en 2005, por desacato cuando era jefe de Gobierno del Distrito Federal.

Sobre el caso de García Cabeza de Vaca, en agosto de 2022, la Primera Sala de SCJN ya había resuelto anular una orden de aprehensión por los delitos que le imputó la FGR, consistentes en lavado de dinero y delincuencia organizada.

En contra del proyecto votaron las ministras Yasmín Esquivel Mossa, Loretta Ortiz Ahlf y Lenia Batres Guadarrama, quienes argumentaron que se extendía un “mando de impunidad” desde los congresos a las autoridades locales imputadas en delitos federales.

Sobre el mismo tema, en la próxima sesión se resolverá la controversia constitucional 95/2021, promovida por la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, en contra de los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Tamaulipas, cuyo proyecto también fue elaborado por la ministra Ríos Farjat.