Protegen elección de juzgadores de dinero del narco; aspirantes pagarán sus campañas
En su propuesta de leyes secundarias, la presidenta Claudia Sheinbaum plantea que el INE, respaldado por el SAT y las instituciones bancarias, fiscalice a los candidatos.
El Instituto Nacional Electoral será el responsable de impedir que recursos del crimen organizado financien las campañas de quienes busquen ser electos como juzgadores en el país, de acuerdo con una reforma propuesta por la presidenta Claudia Sheinbaum, enviada al Senado como parte de la reglamentación de los cambios constitucionales al Poder Judicial.
La reforma a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales indica que el INE contará con ayuda de instituciones como el SAT, los bancos y la Contraloría del Consejo de la Judicatura Federal para verificar información fiscal y la evolución de la situación patrimonial de los candidatos, así como de sus cónyuges, concubinas o concubinarios y dependientes económicos directos.
También establece que los candidatos deberán pagar la campaña de su propio bolsillo, y podrán emplear redes sociales, pero sin pagar por ello.
PROTEGEN DEL NARCO LA ELECCIÓN DE JUECES
Con la ayuda de instituciones como el SAT, los bancos y la Contraloría del Consejo de la Judicatura Federal, el Instituto Nacional Electoral (INE) será el responsable de impedir que el dinero del crimen organizado se utilice en las campañas para elegir a los juzgadores en el país, ordena la reforma a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales propuesta por la presidenta Claudia Sheinbaum.
“El Instituto podrá requerir a las personas candidatas la información necesaria para verificar la evolución de su situación patrimonial, incluyendo la de sus cónyuges, concubinas o concubinarios y dependientes económicos directos”, dice la reforma al artículo 526, lo que implica que la Contraloría del Consejo de la Judicatura federal entregue esa información.
“Asimismo, podrá solicitar a las autoridades competentes, en los términos de las disposiciones aplicables, la información en materia fiscal”, lo que implica que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) tendrá que entregar al INE la información requerida.
“O la relacionada con operaciones de depósito, ahorro, administración o inversión de recursos monetarios”, que significa que las instituciones de la banca y otras del sistema financiero deberán colaborar con el INE.
Esta verificación procederá, dice la reforma, “cuando de su declaración patrimonial y de intereses o de la revisión de la información en materia de fiscalización que proporcione, se adviertan movimientos inusuales o elementos que no justifiquen la procedencia lícita de los bienes o recursos reportados”.
