“No hay ningún riesgo. El instituto funcionará con un resguardo y una vigilancia, una fiscalización profunda de parte de la Secretaría de Hacienda, de parte de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y de parte de la Auditoría Superior de la Federación”, mencionó.
“Este programa va dirigido a todos aquellos que nunca podían acceder a un crédito, que estaban vetados para poder acceder un crédito por el precio del suelo, de los materiales y el costo de los trámites, y ahora, va dirigido a resolver el enorme déficit de vivienda de las familias más pobres que son derechohabientes del Seguro Social”, afirmó.
Lo que se quiere lograr son dos cosas: uno que podrán los trabajadores que ganan de 1 a 4 salarios mínimos, poder acceder a un crédito, a un financiamiento del Infonavit y, en segundo lugar, se pondrá en marcha el nuevo esquema de arrendamientos social que se sustenta sobre la base de que el trabajador tendrá como pago, una parte de su salario, no de la cuenta de vivienda, sino una parte de su salario”, señaló.
Ramírez Cuéllar sostuvo que esta nueva reforma respetará, ratificará y confirmará el carácter tripartita de los órganos de gobierno del instituto, “es decir, no hay ningún cambio, ninguna modificación que altere la composición de las tres partes”, dijo.
“Agregando que se cuidará de las inversiones y también de una regulación prudencial “para que en el otorgamiento de los créditos y en la operación total del instituto se garanticen la aplicación correcta de las leyes y se logren los rendimientos que permitan el incremento del ahorro de las familias de los trabajadores”.