El gobierno de Baja California enfrenta una tormenta política: Carlos Torres Torres, esposo de la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda, presentó su renuncia a los cargos honorarios que ostentaba en el Poder Ejecutivo estatal y en el Ayuntamiento de Tijuana. La decisión llega apenas 24 días después de que el gobierno de Estados Unidos revocara sus visas, tanto a él como a la mandataria morenista.
Torres, quien se desempeñaba como presidente honorario de los programas de Bienestar y de los Sistemas DIF estatal y municipal, anunció en redes sociales que dejará temporalmente la vida pública para enfocarse en su familia y en nuevos proyectos. Sin embargo, detrás de su salida se cierne la sospecha: según el semanario Zeta, autoridades estadounidenses lo tendrían en la mira por presunto lavado de dinero y conspiración, aunque no hay acusaciones oficiales.
La gobernadora ha salido en su defensa, atribuyendo la revocación de las visas a decisiones internas del Departamento de Estado de EE.UU., sin que exista —según ella— procedimiento penal alguno. Aun así, la renuncia de Torres ha encendido alarmas en la oposición, que exige una explicación pública y advierte sobre posibles conflictos de interés dentro del gobierno bajacaliforniano.
Marina del Pilar, considerada una de las figuras emergentes dentro de Morena y aspirante a puestos de mayor proyección nacional, enfrenta así una crisis de credibilidad. Mientras su partido cierra filas en apoyo, los cuestionamientos sobre opacidad, nepotismo y vínculos familiares con redes de poder crecen.
El retiro de visas ha sido interpretado por analistas como una advertencia diplomática inusual, más aún si se confirma que fue producto de investigaciones de seguridad nacional. La gobernadora podría enfrentar no solo un daño en su imagen, sino también un debilitamiento interno, justo en un momento clave para su carrera.