🧾 EE.UU. vincula a 3 bancos mexicanos con sobornos del Cártel de Sinaloa y García Luna; apunta a red financiera usada para lavado de dinero y compra de precursores químicos

Una alerta emitida por la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha sacudido al sistema financiero mexicano. El organismo estadounidense señala directamente a tres instituciones: Vector Casa de Bolsa, CIBanco e Intercam Banco, por su presunta participación en una compleja red de operaciones financieras ligadas al crimen organizado y la corrupción de alto nivel. De acuerdo con la investigación, estas entidades habrían facilitado el movimiento de más de 40 millones de dólares en sobornos destinados al exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, actualmente procesado en EE.UU. por sus vínculos con el Cártel de Sinaloa.

La alerta no se limita a los sobornos. FinCEN advierte que Vector también habría sido utilizada para financiar la compra de precursores químicos procedentes de China, esenciales para la fabricación de opioides sintéticos como el fentanilo. Entre 2018 y 2023, esta casa de bolsa realizó más de 30 transferencias internacionales por montos superiores a un millón de dólares, dirigidas a empresas asiáticas involucradas en el suministro de estas sustancias.

El reporte incluye detalles específicos: un destinatario en China recibió más de 300,000 dólares desde 2018; otro, 700,000 dólares entre 2022 y 2023; y un tercero acumuló al menos 70,000 dólares en el periodo de 2020 a 2023. Todas estas operaciones, según FinCEN, están “muy probablemente relacionadas con el tráfico ilícito de opioides” operado por organizaciones criminales mexicanas.

Ante estos hallazgos, el gobierno estadounidense ha clasificado a las tres entidades mexicanas como “de interés principal para el lavado de dinero”, una designación que puede derivar en restricciones severas para sus operaciones internacionales y su acceso al sistema financiero de EE.UU. La medida también podría desencadenar auditorías profundas, sanciones regulatorias y un deterioro inmediato de su reputación corporativa en los mercados globales.

La estructura financiera que describe FinCEN revela una operación sofisticada: empresas fachada, triangulación de fondos, uso de jurisdicciones de baja regulación y un flujo de capitales opaco entre América Latina, Asia y Norteamérica. Todo ello dentro de los circuitos formales del sistema bancario, lo que resalta la dificultad de identificar estas prácticas sin cooperación transnacional.

Aunque aún no hay un pronunciamiento oficial por parte de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) ni de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) en México, fuentes en Washington aseguran que ya se estableció comunicación con autoridades mexicanas para intercambiar información sensible.

La implicación de bancos y casas de bolsa en esquemas vinculados al narcotráfico y la corrupción reabre el debate sobre la vulnerabilidad del sistema financiero mexicano ante el crimen organizado. Además, la mención directa de Alfonso Romo —propietario de Vector y figura cercana al poder político en México— agrega una dimensión delicada al caso, que podría tener repercusiones en el plano diplomático, empresarial y judicial.

El señalamiento de FinCEN marca un punto de inflexión. Ya no se trata solo de combatir al narco en las calles, sino de seguirle el rastro al dinero que alimenta sus estructuras desde escritorios de oficinas financieras, bancos de inversión y despachos contables. La batalla contra el crimen organizado, en esta nueva etapa, se libra también en las bóvedas y los sistemas de transferencia internacional.

Con este informe, Estados Unidos lanza una advertencia clara: tolerancia cero a las instituciones que, de forma directa o indirecta, sirven de puente entre el sistema financiero legal y los intereses del crimen transnacional. En el centro de la tormenta, México deberá responder. Y limpiar.