La historia oficial de la 4T se tambalea con un documento fechado el 13 de abril de 2021. El presidente de la República ordenó a la Sedena investigar a un alto funcionario estatal: Hernán Bermúdez Requena, entonces secretario de Seguridad Pública en Tabasco, nombrado por Adán Augusto López.
La instrucción, revelada por los archivos de Guacamaya y corroborada por Animal Político, Proceso y El País, solicitaba “establecer vigilancia discreta” y “reportar cualquier actividad fuera de lo común”. La sospecha venía desde arriba.
Militar retirado, jefe de la Policía Ministerial durante el salinismo, Bermúdez acumuló décadas de señalamientos por vínculos con grupos delictivos. En los años 90 fue denunciado por el propio AMLO —entonces opositor— y por Layda Sansores. Lo acusaron de peculado, espionaje y protección al narco. Nada prosperó. Dos décadas después, fue nombrado jefe de la seguridad pública en el estado natal del presidente, bajo el gobierno de Adán Augusto.
¿Qué vio el presidente que no vio su secretario de Gobernación? ¿O lo vio y no le importó?
De acuerdo con informes internos de la Sedena y reportajes de El País, Bermúdez no solo protegía al crimen organizado: lo dirigía.
Encabezaba una red conocida como La Barredora, responsable de secuestros, extorsiones, huachicol, desapariciones y control del territorio.
La estructura se alimentaba de operadores estatales, policías municipales, halcones y sicarios. Todo bajo su mando. Y todo mientras firmaba convenios de seguridad con el gobierno federal.
El dato demoledor es el siguiente: el presidente sabía al menos desde abril de 2021.
Y no solo sabía: ordenó investigarlo.
El informe filtrado instruye a la 30ª Zona Militar a recabar información y mantenerlo bajo observación. Pero algo se torció.
Dos años después, en 2023, Bermúdez seguía en funciones. Solo en enero de 2024 dejó el cargo —sin sanción alguna—, y para entonces ya estaba preparando su huida.
En febrero de 2025, la Fiscalía de Tabasco emitió una orden de aprehensión. La Interpol activó ficha roja. La Unidad de Inteligencia Financiera congeló cuentas de Bermúdez y su familia. Su colaborador, Ulises “El Pinto”, cayó semanas después.
Pero el “Comandante H” desapareció del mapa. Las autoridades no logran capturarlo.
Y los altos mandos de la 4T están incómodamente callados.
La presidenta Claudia Sheinbaum ha deslindado responsabilidades: “no vamos a cubrir a nadie”, dijo.
Pero el fuego está sobre Adán Augusto, el hombre que lo nombró y protegió.
En redes y círculos morenistas ya se habla de crisis interna. En Tabasco, se desmorona el relato de un gobierno honesto. El PRI no hubiera soñado con una caída así.
El enigma más grave no es si Bermúdez era criminal, las pruebas se acumulan, sino por qué lo dejaron en el cargo dos años más después de la orden presidencial de vigilancia.
¿Falló el sistema? ¿O alguien interfirió para protegerlo?