Sheinbaum exige denuncias concretas tras revelaciones de ‘El Mayo’ Zambada

Claudia Sheinbaum, presidenta de México, abordó con firmeza el tema de las declaraciones de Ismael “El Mayo” Zambada, líder del Cártel de Sinaloa que recientemente se declaró culpable en Estados Unidos y aseguró haber sobornado a militares, policías y políticos mexicanos. La mandataria enfatizó que las afirmaciones del capo no pueden quedarse en anécdotas mediáticas, sino que deben derivar en denuncias formales que permitan identificar responsables y fincar responsabilidades. “Tendría que haber una denuncia, porque puede decir este tema, pero a ¿quién le daba dinero?… tendría que haber una denuncia en particular”, advirtió desde Palacio Nacional.

El mensaje presidencial refleja un doble movimiento: por un lado, busca evitar que las declaraciones del narcotraficante se usen únicamente como combustible en la arena política; por otro, coloca a la Fiscalía General de la República en el centro de la presión pública, al sugerir que corresponde a esa institución investigar y traducir los dichos en procesos judiciales con sustento. Sheinbaum fue cuidadosa en señalar que, hasta ahora, el gobierno mexicano solo conoce lo difundido por autoridades y abogados en Estados Unidos, lo que muestra la distancia entre el espectáculo judicial norteamericano y la debilidad institucional en México.

El caso Zambada se vuelve aún más delicado porque se da en un momento donde la opinión pública no ha superado el impacto del juicio contra Genaro García Luna. El exsecretario de Seguridad Pública de Felipe Calderón fue declarado culpable en Nueva York de haber colaborado con el Cártel de Sinaloa. En días recientes, el director de la DEA, Terry Cole, sostuvo que García Luna está al mismo nivel criminal que Joaquín “El Chapo” Guzmán y que el propio “Mayo”, una afirmación que conecta directamente con la crisis de confianza en las instituciones mexicanas y con la percepción de un Estado vulnerable a la corrupción del narco.

Sheinbaum enfrenta así una encrucijada política y ética. Su llamado a que existan denuncias específicas suena como una exigencia de rigor legal, pero también se interpreta como un deslinde: si no hay denuncias en firme, el gobierno federal se ve impedido para actuar. Sin embargo, la experiencia mexicana muestra que los testimonios de capos —aunque sean vagos o estratégicamente dosificados— han sido suficientes para moldear la narrativa pública y condicionar la agenda política. Basta recordar cómo las palabras de testigos en Estados Unidos se convirtieron en sentencia para García Luna, pese a la ausencia de pruebas documentales contundentes.

El trasfondo es más amplio: Zambada ha vivido décadas en la sombra, a diferencia de Guzmán, y su decisión de declararse culpable abre un capítulo en el que podría entregar nombres e historias de sobornos que atraviesan varias administraciones. Si eso ocurre, la presión sobre México será insostenible. Estados Unidos, que ha utilizado los juicios de narcotráfico como instrumento de poder diplomático, podría filtrar información de manera selectiva para condicionar acuerdos o señalar a figuras políticas pasadas y presentes.

El discurso de Sheinbaum, por tanto, no solo es un pronunciamiento institucional; es también un movimiento de equilibrio. La presidenta intenta proyectar firmeza sin adelantar juicios, consciente de que cualquier palabra puede escalar en el tablero político. De un lado, la oposición podría usar las confesiones de Zambada para acusar al gobierno de tibieza o encubrimiento. Del otro, la ciudadanía demanda que se haga justicia y que se acaben las redes de impunidad que han protegido al narcotráfico durante décadas.

En este cruce de presiones, queda la pregunta central: ¿qué hará la FGR? La Fiscalía ha demostrado en ocasiones lentitud o falta de autonomía, lo que genera dudas sobre si estará dispuesta a investigar a fondo los dichos de un capo que, por su longevidad y centralidad en el narco mexicano, podría arrastrar a una larga lista de cómplices. El costo de la inacción sería altísimo: otro testimonio lapidario que México deja pasar, confirmando la percepción de un país incapaz de juzgar a quienes corrompieron sus instituciones.

Sheinbaum lo sabe. Su frase —“tendría que haber una denuncia”— marca un límite, pero también lanza un mensaje entre líneas: sin denuncias, sin pruebas, la justicia mexicana quedará rehén de las cortes estadounidenses. Y entonces, una vez más, será Washington quien defina la narrativa de nuestra historia reciente.