El 8 de septiembre, el secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, visitó el buque USS Iwo Jima, parte de una flotilla de ocho navíos y un submarino nuclear desplegados en el Caribe. En un discurso dirigido a los marines, Hegseth declaró: “Esto no es un entrenamiento. Es una operación real para proteger a nuestra nación. Los narcoterroristas están advertidos”.
La visita se dio en el marco de una escalada militar ordenada por el presidente Donald Trump, quien recientemente firmó una orden ejecutiva que permite el uso de fuerza contra cárteles latinoamericanos designados como organizaciones terroristas. Entre ellos, el Cartel de los Soles y el Tren de Aragua, ambos con presuntos vínculos con el régimen de Nicolás Maduro.
El operativo alcanzó un punto crítico el 2 de septiembre, cuando fuerzas estadounidenses atacaron una lancha rápida que había partido de San Juan de Unare, Venezuela. Según el Pentágono, la embarcación transportaba narcóticos con destino a EE.UU. y era operada por miembros del Tren de Aragua. El ataque dejó 11 muertos, entre ellos presuntos líderes locales conocidos como “Maloni” y “Picurito”.
Desde Caracas, el presidente Maduro calificó la acción como una “amenaza de invasión”, mientras que su gobierno denunció el uso de inteligencia artificial en el video del ataque, una afirmación desmentida por verificadores independientes. En contraste, Washington reafirmó que se trató de una operación legítima en aguas internacionales, con objetivos claramente identificados.
La gobernadora de Puerto Rico, Jenniffer González, acompañó a Hegseth en su recorrido por la base aérea Muñiz y agradeció al presidente Trump por reconocer el papel estratégico del territorio en la lucha contra el narcotráfico. “Puerto Rico está en la primera línea de defensa”, afirmó.
El despliegue militar ha encendido las alarmas en la región, no solo por su magnitud sino por el cambio en la doctrina estadounidense: de intercepción legal a ofensiva directa. Expertos advierten sobre las implicaciones jurídicas y diplomáticas de esta nueva estrategia, mientras el gobierno estadounidense insiste en que se trata de una acción necesaria para proteger a su población.