Viuda e hija de “El Ojos” son vinculadas a proceso por asociación delictuosa

Un juez de control determinó vincular a proceso a María “N”, viuda de Felipe de Jesús Pérez Luna, alias El Ojos, y a su hija Samantha “N”, por su presunta participación en las operaciones criminales del Cártel de Tláhuac. Ambas permanecerán bajo la medida cautelar de prisión preventiva justificada en el Centro Femenil de Reinserción Social de Santa Martha Acatitla, mientras transcurren los tres meses fijados para el cierre de la investigación complementaria.

Las imputaciones señalan que, tras la muerte de Pérez Luna en 2017, María “N” habría intentado asumir el liderazgo del grupo delictivo para mantener el control del mercado de narcóticos en la alcaldía Tláhuac, en disputa con organizaciones como La Unión Tepito y Los Rodolfos. En tanto, Samantha “N” es considerada probable operadora financiera y responsable de la distribución de droga en la zona.

La Fiscalía capitalina recordó que desde abril de 2024 se ofrecía una recompensa de medio millón de pesos por cada una de ellas, hasta que finalmente fueron detenidas en un operativo conjunto en Pachuca, Hidalgo, en la colonia Valle de San Javier. La investigación también apunta hacia otra de las hijas de El Ojos, Liliana “N”, alias Lili o La Voz, quien permanece prófuga y es señalada de colaborar en la venta de estupefacientes bajo órdenes de su madre.

Un cierre con implicaciones más amplias

El caso refleja no solo la persistencia del Cártel de Tláhuac, pese a la muerte de su fundador, sino también la estrategia de heredar el control del negocio ilícito a familiares directos para asegurar continuidad y lealtad interna. La detención de la viuda e hija de El Ojos pone en evidencia cómo los liderazgos criminales se adaptan y reconfiguran, incluso en escenarios de aparente desmantelamiento.

Las autoridades capitalinas enfrentan ahora el reto de demostrar que el proceso judicial no se limitará a un golpe mediático, sino que tendrá consecuencias efectivas en el desmantelamiento financiero y operativo del grupo. Además, la localización de otros miembros de la familia, como Liliana “N”, será clave para evitar que se reconstituya la estructura criminal.

Más allá del impacto inmediato, este caso abre la discusión sobre la necesidad de una política integral de seguridad que combine la acción judicial con programas de prevención social en zonas de alto riesgo, donde el vacío institucional suele ser ocupado por grupos delictivos. Solo así será posible transformar lo que hasta ahora parecen detenciones aisladas en una estrategia de largo plazo para recuperar la paz en la capital y su zona metropolitana.