Con la modificación al artículo 30-B, el SAT tendría acceso permanente y en tiempo real a la información de estas empresas —registros de suscripciones, facturación y transacciones— con el fin de verificar el pago correcto del IVA. Para ello, las compañías deberán adaptar sus sistemas y permitir la consulta continua de datos por parte de la autoridad.
El incumplimiento acarrearía la suspensión del servicio en México, a través de concesionarios de telecomunicaciones, bajo un esquema similar al que ya contempla la Ley del IVA para casos graves de evasión.
La medida busca combatir la evasión fiscal en la economía digital y garantizar que compañías extranjeras que operan en México contribuyan al fisco. El SAT contará con el apoyo de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, que procesará la información tecnológica requerida .