César Duarte ingresa al penal del Altiplano para enfrentar cargos federales por presunto lavado de dinero
El exgobernador de Chihuahua, César Duarte Jáquez, fue ingresado al Centro Federal de Readaptación Social No. 1 “Altiplano”, en Almoloya de Juárez, Estado de México, para enfrentar una nueva acusación federal por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, derivada de presuntos desvíos de recursos públicos durante su administración (2010–2016).
La Fiscalía General de la República (FGR) cumplimentó la orden de aprehensión en su contra la tarde del lunes en la ciudad de Chihuahua, tras recibir la autorización formal del gobierno de Estados Unidos para procesarlo por delitos adicionales a los que motivaron su extradición en 2022. La autorización era indispensable: al ser devuelto a México bajo la regla de especialidad, Duarte solo podía ser juzgado por los cargos originalmente aceptados por Washington. Una vez levantada esa restricción, la Fiscalía Federal avanzó con el nuevo proceso.
Delito de alto impacto y traslado a un penal de máxima seguridad
El ingreso inmediato al penal del Altiplano –la prisión federal de mayor seguridad en el país– refleja la gravedad del caso y el nivel de vigilancia que las autoridades consideran necesario. Desde este centro se llevarán a cabo las audiencias iniciales y se determinará si Duarte será vinculado a proceso.
El exmandatario enfrenta ahora una acusación federal distinta a las que ya cargaba: en el fuero común había sido procesado por peculado y asociación delictuosa, relacionados con una presunta red de desvío de recursos públicos. El nuevo expediente de la FGR señala posibles operaciones financieras irregulares, triangulación de fondos y el uso del sistema financiero para ocultar el origen ilícito de recursos.
Un caso que se reabre en un momento político clave
La detención y reclusión de Duarte representan uno de los movimientos más significativos de la FGR en este cierre de año. Analistas consideran que se trata del primer golpe de alto perfil bajo la gestión de la fiscal Ernestina Godoy, quien asumió el cargo a principios de diciembre y había prometido una agenda firme contra la corrupción política.
El caso Duarte ha tenido larga trayectoria:
- Fue detenido en Miami en 2020.
- Extraditado a México en 2022.
- Procesado en Chihuahua por delitos del fuero común.
- Y ahora enfrenta una acusación federal que podría ampliar el alcance de las investigaciones e involucrar a otros posibles responsables.
La imputación por lavado de dinero implica, además, la posibilidad de rastrear redes financieras, empresas fachada y mecanismos de desvío que habrían operado durante su gobierno.
Audiencia clave definirá su futuro inmediato
Duarte deberá comparecer ante un juez federal en Almoloya para su audiencia inicial, donde se determinarán la legalidad de su detención y la posible vinculación a proceso. La FGR presentará las primeras pruebas, mientras que la defensa buscará desacreditar la investigación o solicitar medidas menos restrictivas.
De ser vinculado, el exgobernador podría permanecer en prisión preventiva justificada, dado el tipo de delito, el riesgo procesal y el historial previo del caso.
Un mensaje político y un precedente para otros expedientes
El ingreso de un exgobernador priista al penal de mayor seguridad del país envía un mensaje contundente en materia de combate a la corrupción. Para el gobierno federal, el caso tiene un valor simbólico y operativo:
- Reactiva un expediente que llevaba años en disputa jurídica.
- Abre la puerta a nuevas líneas de investigación.
- Y posiciona a la fiscalía en un papel más activo frente a delitos cometidos por altos funcionarios.
La evolución del caso Duarte será decisiva para evaluar la eficacia de la nueva administración de la FGR y su capacidad para perseguir redes político-financieras que, por años, operaron bajo estructuras estatales.
Por ahora, Duarte enfrenta el momento judicial más delicado de su carrera política, esta vez desde el interior del penal del Altiplano, donde permanecerá mientras avanza el proceso federal por presunto lavado de dinero.
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