Corte Interamericana condena al Estado mexicano por el caso Ernestina Ascencio

La Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió una sentencia condenatoria contra el Estado mexicano por el caso de Ernestina Ascencio Rosario, mujer indígena nahua de 73 años que murió en 2007 en la Sierra de Zongolica, Veracruz. El fallo concluye que las autoridades mexicanas no realizaron una investigación diligente, imparcial y con perspectiva de género e intercultural, lo que derivó en violaciones a los derechos a la verdad, la justicia y la integridad personal.

De acuerdo con la sentencia, el Estado incurrió en omisiones graves desde las primeras etapas de la investigación, al descartar líneas clave, manipular el enfoque del caso y emitir versiones oficiales que minimizaron los hechos y desacreditaron a la víctima. La Corte señaló que las autoridades privilegiaron una explicación médica que fue utilizada para cerrar el caso, sin agotar las indagatorias necesarias ni garantizar el acceso efectivo a la justicia para la familia.

El tribunal internacional subrayó que Ernestina Ascencio fue revictimizada por discursos oficiales que negaron la posibilidad de violencia y que su condición de mujer, adulta mayor e indígena influyó en la forma en que el caso fue tratado por las instituciones. En ese sentido, la CoIDH concluyó que México violó el derecho a la igualdad y no discriminación, así como su obligación de investigar con debida diligencia reforzada cuando se trata de personas en situación de especial vulnerabilidad.

La sentencia también hace énfasis en el impacto del caso a nivel nacional, al considerar que las declaraciones públicas de altos funcionarios contribuyeron a cerrar el debate y a desalentar la búsqueda de la verdad. Para la Corte, estas acciones generaron un mensaje de impunidad y debilitaron la confianza de las comunidades indígenas en las instituciones del Estado.

Como parte de las medidas de reparación, la CoIDH ordenó al Estado mexicano, entre otras acciones, reconocer públicamente su responsabilidad, garantizar atención integral a los familiares de la víctima, fortalecer los protocolos de investigación con enfoque de género e intercultural, y adoptar medidas estructurales para prevenir que casos similares vuelvan a repetirse. Asimismo, se instruyó a implementar programas de capacitación dirigidos a funcionarios encargados de la procuración de justicia.

El caso Ernestina Ascencio se convirtió, desde hace casi dos décadas, en un símbolo de la lucha contra la impunidad, particularmente en contextos donde confluyen violencia de género, discriminación estructural y marginación de los pueblos indígenas. Con esta sentencia, la Corte Interamericana establece un precedente relevante sobre las obligaciones del Estado mexicano en materia de derechos humanos.

La condena internacional representa un señalamiento contundente sobre las fallas del sistema de justicia mexicano y reabre el debate sobre la necesidad de garantizar investigaciones independientes, transparentes y libres de prejuicios, especialmente cuando se trata de víctimas históricamente invisibilizadas.