Enrique Inzunza solicita licencia al Senado en medio de señalamientos de Estados Unidos

Este 28 de mayo, el senador por Sinaloa, Enrique Inzunza, confirmó mediante sus redes sociales la presentación de una solicitud de licencia para separarse de sus funciones legislativas durante el periodo de sesiones extraordinarias convocadas en la Cámara Alta. De acuerdo con el legislador de Morena, la decisión responde a lo que calificó como una "embestida mediática" orquestada por sectores de oposición, luego de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos emitiera señalamientos en su contra por presuntos nexos con la facción del Cártel de Sinaloa conocida como "Los Chapitos".

A pesar de la licencia, Inzunza aseguró que se encuentra en la Ciudad de México y que continuará dando seguimiento a los trabajos de las comisiones y del Pleno desde el exterior, brindando apoyo argumentativo a su grupo parlamentario. Durante su ausencia, su escaño será ocupado por el arquitecto Omar López Campos, su suplente constitucional.

Indagatorias de la FGR y desestimación de extradiciones

La solicitud de licencia ocurre apenas dos días después de que Inzunza, junto con el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otros funcionarios locales requeridos en extradición por Washington, compareciera ante la FGR en calidad de testigo. Estas entrevistas ministeriales derivan de la orden presidencial de abrir una investigación interna para determinar si existen pruebas contundentes bajo las leyes mexicanas que justifiquen las acusaciones estadounidenses.

Previamente, el gobierno de México rechazó ejecutar las detenciones solicitadas "con carácter de urgencia" por las autoridades de Estados Unidos, argumentando la insuficiencia de elementos probatorios. Ante su citatorio en la FGR, Inzunza había manifestado públicamente que no se ampararía en la inmunidad procesal o fuero que le otorga su cargo legislativo, afirmando que fungiría como su propio abogado defensor para demostrar su probidad.

Contexto binacional

El caso se enmarca en un escenario de tensión diplomática y jurídica, luego de que la presidenta Claudia Sheinbaum criticara las solicitudes de extradición formuladas por agencias estadounidenses al considerarlas carentes de sustento probatorio firme, advirtiendo sobre el riesgo de vulnerar la soberanía nacional si se accede a procesar a gobernantes y legisladores sin cumplir el rigor del marco jurídico mexicano. Las investigaciones por parte de la fiscalía mexicana, encabezada por Ernestina Godoy, continúan su curso para determinar la validez procesal de los señalamientos emitidos por la Corte del Distrito Sur de Nueva York.