Mi bandera como coartada

Este trabajo me llevó un poco más de tiempo.

Normalmente mis columnas semanales las voy construyendo conforme la realidad va soltando sus piezas durante la semana. Tenía ya un tema, una estructura y hasta algunas líneas listas para publicar. Pero entonces llegó el domingo.

Y vaya domingo.

Porque lo que ocurrió en el acto encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum fue tan políticamente exquisito, tan revelador y tan peligrosamente efectivo, que me obligó a tirar todo a la basura y empezar de nuevo.

No por lo que se dijo.

Sino por lo que se deslizó entre las palabras dichas por la Presidenta Sheinbaum.

Así que tenemos que hablar.

Tenemos que hablar de la defensa que la Cuarta Transformación ha decidido construir alrededor de sus políticos señalados por investigaciones de autoridades estadounidenses.

Y tenemos que hablar porque la estrategia es brillante.

Y precisamente por eso resulta tan preocupante.

“Vienen por unos, luego por otros, hasta que oficinas del Departamento de Justicia se vuelven el principal elector de México.”

Cuando escuché esa frase entendí que esta columna ya no podía ser sobre otra cosa.

Porque la presidenta no estaba defendiendo a sus políticos.

Estaba defendiendo una idea.

La idea de que cualquier investigación contra un político de la Cuarta Transformación es, en realidad, un ataque contra México.

Y ahí es donde la conversación se vuelve peligrosa.

Porque si uno escucha con atención, descubre algo profundamente incómodo.

Nadie salió a explicar por qué los señalados son inocentes.

Nadie salió a desmontar las acusaciones.

Nadie se puso la playera de #YoConRocha.

Lo que hicieron fue algo mucho más miserable: tratar de convencernos de que hacer preguntas es el verdadero problema.

La discusión dejó de ser si existen o no vínculos entre determinados actores políticos y organizaciones criminales.

Ahora la discusión es que quieren desestabilizar a un gobierno “humanista”.

Ahora la discusión es que Estados Unidos está atacando a la izquierda.

Ahora la discusión es que la soberanía nacional está bajo amenaza.

Todo.

Absolutamente todo.

Menos responder la pregunta original.

Y aquí viene la parte incómoda.

Porque en México nos encanta discutir la soberanía cuando el problema está afuera, pero solemos perder el entusiasmo cuando el problema vive en casa.

Así que hagamos un ejercicio mental.

Imaginemos que usted es un ciudadano estadounidense cualquiera. Un padre de familia de Ohio, Pensilvania o Virginia Occidental. Uno de esos estados donde el fentanilo dejó de ser una noticia para convertirse en una tragedia cotidiana.

Durante años ha visto morir vecinos.

Ha visto destruirse familias.

Ha visto jóvenes desplomarse en las calles.

Ha visto comunidades enteras consumidas por una droga que se convirtió en una de las mayores crisis de salud pública de la historia reciente de su país.

Decenas de miles de estadounidenses han muerto cada año por sobredosis relacionadas con opioides sintéticos como el fentanilo.

Y una parte importante de esa cadena criminal conduce inevitablemente hacia organizaciones criminales mexicanas.

Entonces recalculemos la pregunta.

No la pregunta que quiere discutir el oficialismo.

La pregunta real.

¿Tiene derecho Estados Unidos a investigar a quienes considera responsables de una tragedia que ha costado cientos de miles de vidas durante la última década?

Porque si la respuesta es no, entonces Estados Unidos tendría que quedarse sentado observando cómo siguen muriendo sus ciudadanos.

Y si la respuesta es sí, entonces la discusión deja de ser sobre banderas y vuelve a colocarse donde siempre debió estar.

En los hechos.

En las pruebas.

En los nombres.

Y en las responsabilidades.

Lo verdaderamente fascinante del acto del domingo es que no vimos una defensa jurídica.

Vimos una defensa política.

Y las defensas políticas tienen una ventaja enorme sobre las jurídicas.

No necesitan demostrar inocencia.

Sólo necesitan construir un enemigo.

Porque cuando logras convencer a la gente de que una investigación es una agresión extranjera, el investigado deja de ser sospechoso y se convierte en víctima.

Ya no se llama Rubén Rocha.

Se llama soberanía.

Ya no se llama Enrique Inzunza.

Se llama dignidad nacional.

Ya no se llama investigación.

Se llama intervencionismo.

Y una vez consumada esa transformación, cualquiera que haga preguntas puede ser presentado como aliado del enemigo.

Es una jugada política extraordinaria.

Y también peligrosísima.

Porque una democracia sana debería exigir pruebas a los acusadores.

Pero también debería exigir explicaciones a los acusados.

Lo que no puede hacer es cancelar una de las dos partes de la conversación.

Al final, quizá la pregunta más importante no es si Estados Unidos tiene derecho a investigar.

La verdadera pregunta es otra.

Si mañana las acusaciones resultaran falsas, ¿qué mejor oportunidad tendrían los señalados para demostrarlo?

Y si resultaran ciertas, ¿cuántas banderas harán falta para seguir evitando hablar del tema?

Porque hay algo que ningún discurso puede borrar.

Una investigación puede ser injusta.

Puede ser equivocada.

Puede incluso tener motivaciones políticas.

Pero ninguna de esas cosas se demuestra agitando una bandera.