GOBIERNO ABRE CONSULTA SOBRE DERECHOS DE LAS AUDIENCIAS; CIRT ADVIERTE RIESGOS PARA LA LIBERTAD EDITORIAL

El Gobierno de México inició una consulta pública para definir los nuevos lineamientos en materia de derechos de las audiencias, un proceso que busca recoger opiniones de ciudadanos, especialistas, académicos, concesionarios y organizaciones antes de emitir una regulación definitiva para los medios de comunicación del país.

La consulta forma parte del proceso para actualizar las disposiciones que regirán la relación entre los concesionarios de radio y televisión y sus audiencias, incluyendo aspectos relacionados con el derecho a recibir información, la diferenciación entre contenidos informativos y de opinión, así como los mecanismos para la atención de quejas de los usuarios.

Sin embargo, la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión (CIRT) manifestó su rechazo al procedimiento y expresó su preocupación por el contenido de la propuesta. El organismo considera que algunos de los planteamientos podrían representar una afectación a la libertad editorial de los medios de comunicación y abrir la puerta a mecanismos de regulación que generen incertidumbre jurídica para el sector.

La CIRT sostuvo que cualquier modificación al marco regulatorio debe garantizar el pleno respeto a la libertad de expresión, la independencia de los medios y la seguridad jurídica de los concesionarios, al tiempo que pidió que el proceso se desarrolle mediante un diálogo amplio con la industria y especialistas en materia de comunicación.

Por su parte, las autoridades federales señalaron que el objetivo de la consulta es fortalecer la protección de los derechos de las audiencias mediante un proceso abierto y transparente, en el que se escuchen todas las posturas antes de emitir las reglas finales que regirán al sector.

El inicio de esta consulta reaviva el debate sobre el papel del Estado en la regulación de los medios de comunicación, el equilibrio entre la protección de las audiencias y la libertad de expresión, así como los alcances que deberán tener las futuras disposiciones para garantizar el derecho a la información sin afectar la autonomía editorial de los medios.