KURI PROPONE PROTOCOLO “ANTINARCOCANDIDATOS” PARA BLINDAR ELECCIONES DE 2027 EN QUERÉTARO

El gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri González, propuso establecer un protocolo para impedir que personas con posibles vínculos con el crimen organizado puedan convertirse en candidatas a cargos de elección popular en el estado.

El mandatario hizo un llamado a los ocho partidos políticos con presencia en Querétaro para construir conjuntamente un denominado Protocolo Único Antinarcocandidatos, de cara al proceso electoral de 2027.

La propuesta parte de la preocupación por la posible infiltración de organizaciones criminales en estructuras políticas y gobiernos de distintas regiones del país.

“Hemos visto lugares donde el crimen ha encontrado protección política, complicidades e incluso espacios dentro de los gobiernos”, señaló Kuri.

El gobernador sostuvo que Querétaro debe establecer mecanismos preventivos antes de que los partidos definan a las personas que aparecerán en las boletas del próximo proceso electoral.

“Debemos garantizar que quienes aparezcan en las boletas estén limpios y no tengan ningún vínculo con el crimen”, afirmó.

La propuesta contempla establecer una revisión denominada “6 de 6”, mediante la cual las personas aspirantes tendrían que presentar diferentes documentos e información relacionada con su situación patrimonial, fiscal, jurídica y personal.

El primer componente sería una declaración patrimonial que permita conocer los bienes de los aspirantes y comprobar la congruencia entre su patrimonio y sus ingresos.

La revisión contemplaría también información relacionada con inversiones, cuentas en el extranjero y otros activos financieros.

Como segundo requisito se propone una declaración fiscal mediante la cual cada aspirante acredite el cumplimiento de sus obligaciones ante las autoridades tributarias.

El tercer elemento sería una declaración de ausencia de conflicto de interés, con la finalidad de identificar relaciones económicas, empresariales o profesionales que eventualmente pudieran interferir con el desempeño de un cargo público.

El protocolo plantea también que las personas interesadas en una candidatura acrediten no contar con antecedentes penales.

A ello se sumaría la revisión del Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias, con el objetivo de comprobar que los aspirantes no se encuentren inscritos como deudores alimentarios.

Otro de los filtros planteados por Kuri es la realización de una prueba para detectar consumo de sustancias.

Finalmente, la información presentada tendría que pasar por un mecanismo de verificación independiente que permita comprobar la autenticidad y consistencia de las declaraciones realizadas por cada aspirante.

El planteamiento pretende que estos controles se realicen antes de que las candidaturas queden formalmente definidas.

Kuri llamó a los partidos a asumir voluntariamente un mismo estándar de revisión, independientemente de sus diferencias políticas, y planteó que los resultados de los controles puedan hacerse públicos.

El gobernador sostuvo además que funcionarios de su administración se han sometido a mecanismos de control y que la información correspondiente puede ser consultada públicamente.

La propuesta aparece cuando los partidos comienzan a perfilar estrategias y posibles candidaturas para las elecciones de 2027, proceso en el que Querétaro renovará la gubernatura, los 18 ayuntamientos y el Congreso local, además de los cargos federales que correspondan.

El planteamiento tiene, sin embargo, una dimensión jurídica que deberá definirse.

Por ahora, el anuncio realizado por Kuri constituye una propuesta para establecer un protocolo político compartido entre las fuerzas partidistas. Para convertir determinados controles en requisitos legales obligatorios de elegibilidad o registro de candidaturas sería necesario analizar su compatibilidad con la Constitución y la legislación electoral.

Los requisitos para acceder a cargos de elección popular están regulados constitucional y legalmente, por lo que cualquier modificación obligatoria tendría que recorrer el procedimiento legislativo correspondiente y respetar los derechos político-electorales de las personas.

Esto significa que la eventual implementación del protocolo podría avanzar inicialmente mediante compromisos internos de los partidos para revisar a sus propios aspirantes, mientras se analiza la posibilidad de llevar algunos de sus componentes a la legislación.

El llamado del gobernador busca colocar el tema antes de que las candidaturas de 2027 entren en su etapa definitiva.

Kuri sostuvo que la penetración del crimen organizado en espacios públicos no debe abordarse únicamente después de que aparezcan investigaciones o acusaciones contra funcionarios, sino mediante controles previos que reduzcan el riesgo de que personas relacionadas con actividades criminales lleguen al poder.

La iniciativa abre ahora una discusión entre las fuerzas políticas queretanas.

Los ocho partidos deberán determinar si aceptan establecer criterios comunes para revisar a sus aspirantes y hasta dónde están dispuestos a hacer públicos los resultados.

De concretarse el acuerdo, Querétaro buscaría llegar al proceso electoral de 2027 con un mecanismo adicional de revisión de candidaturas, aunque su alcance definitivo dependerá de los acuerdos entre partidos y, en caso de plantearse reformas legales, del análisis que realicen las autoridades legislativas y electorales.

El objetivo planteado por Kuri es que el filtro se aplique sin distinción partidista.

La discusión, a partir de ahora, estará en cómo convertir esa intención en un mecanismo verificable, jurídicamente viable y aplicable a todas las fuerzas políticas antes de que comiencen a definirse las candidaturas que competirán por el poder en Querétaro en 2027.