CONGRESO Y MUNICIPIOS ANALIZAN REFORMAS SOBRE FISCAL ANTICORRUPCIÓN E INICIATIVA PREFERENTE EN QUERÉTARO

Santiago de Querétaro, Qro., 25 de agosto de 2026.– La Comisión de Puntos Constitucionales de la LXI Legislatura de Querétaro reunió este martes a representantes de 11 municipios del estado, como parte del procedimiento del Constituyente Permanente, para analizar reformas a la Constitución local en materia de combate a la corrupción e iniciativa preferente.

En la reunión participaron representantes de Amealco de Bonfil, Cadereyta de Montes, Corregidora, Jalpan de Serra, Landa de Matamoros, Pinal de Amoles, Pedro Escobedo, Peñamiller, San Juan del Río, Tequisquiapan y Tolimán.

Los trabajos estuvieron encabezados por los diputados Homero Barrera Mcdonald y Eric Silva Hernández, integrantes de la Comisión de Puntos Constitucionales.

Uno de los temas centrales fue la iniciativa que reforma diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado de Querétaro en materia de fortalecimiento a la autonomía de la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción.

Homero Barrera explicó que, por tratarse de una modificación constitucional, los municipios participan en el análisis del dictamen como integrantes del Constituyente Permanente de la entidad.

El legislador informó que el proyecto deriva de la acumulación de dos iniciativas y busca modificar el mecanismo para la designación de la persona titular de la Fiscalía Anticorrupción.

De acuerdo con lo expuesto durante la sesión, la propuesta pretende devolver al Poder Legislativo la facultad para intervenir en la integración de la terna de aspirantes a ocupar esa responsabilidad.

Eric Silva Hernández, coautor de una de las iniciativas, sostuvo que el objetivo es fortalecer la autonomía de la Fiscalía y evitar que el proceso de selección quede concentrado en el Poder Ejecutivo.

El diputado argumentó que el combate a la corrupción requiere instituciones con independencia y mecanismos de selección que permitan incorporar criterios de pluralidad y participación de distintas fuerzas políticas.

La propuesta deberá continuar con el procedimiento constitucional correspondiente antes de que pueda entrar en vigor.

Durante la misma reunión se analizó también una segunda iniciativa relacionada con la figura de iniciativa preferente.

Homero Barrera explicó que esta herramienta ya existe en el marco jurídico estatal, pero consideró necesario establecer un procedimiento más preciso que garantice que las propuestas identificadas como prioritarias sean efectivamente discutidas por el Congreso.

La reforma plantea que el titular del Poder Ejecutivo pueda identificar hasta dos iniciativas como preferentes.

A partir de su presentación, las comisiones legislativas tendrían un plazo máximo de 30 días naturales para analizarlas, discutirlas y emitir una resolución.

En caso de que dicho plazo concluya sin que exista un dictamen, las propuestas pasarían directamente al Pleno del Congreso y tendrían que ser incluidas como primer asunto de la siguiente sesión.

Barrera aclaró que el carácter preferente no significaría que las iniciativas deban ser aprobadas.

La modificación únicamente obligaría al Poder Legislativo a analizarlas y pronunciarse sobre ellas dentro de un plazo determinado.

La finalidad, de acuerdo con el planteamiento presentado ante los municipios, es evitar que asuntos considerados urgentes permanezcan sin discusión debido a retrasos en las comisiones legislativas o a diferencias políticas.

Las dos reformas deberán continuar ahora con el análisis correspondiente dentro del Congreso y con la participación de los ayuntamientos en su calidad de integrantes del Constituyente Permanente.

En Querétaro, las reformas a la Constitución local requieren un procedimiento diferente al de las leyes ordinarias, debido a que además de su aprobación en la Legislatura deben contar con la participación y respaldo de los municipios en los términos establecidos por la propia Constitución.

La Comisión de Puntos Constitucionales continuará con el análisis de ambas propuestas antes de que puedan avanzar a las siguientes etapas del proceso legislativo.