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REDACCIÓN - 27 Aug 2026

CONGRESO DE QUERÉTARO PRESENTA BALANCE DE SU SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO LEGISLATIVO


Santiago de Querétaro, Qro., 26 de agosto de 2026.– El presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, diputado Sinuhé Arturo Piedragil Ortiz, presentó el Informe de Actividades del Poder Legislativo correspondiente al Segundo Año de Ejercicio Constitucional de la LXI Legislatura, en el que se concentraron las principales reformas, acuerdos y acciones realizadas entre septiembre de 2025 y el 15 de agosto de 2026.


Uno de los ejes centrales del informe fue la transformación del sistema de justicia. La Legislatura reportó la armonización de la Constitución estatal con el nuevo modelo de elección de personas juzgadoras mediante voto popular, derivado de la reforma constitucional federal de septiembre de 2024.


El Congreso local había establecido que jueces, magistraturas del Tribunal Superior de Justicia y del Tribunal de Disciplina Judicial fueran elegidos por voto popular en 2027. Sin embargo, actualmente se trabaja en una nueva armonización constitucional, luego de los ajustes federales aprobados el 2 de junio de este año, que modificaron la fecha de la jornada electoral judicial para 2028.


En justicia civil y familiar, el Congreso aprobó la declaratoria para el inicio de vigencia del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, con el objetivo de transitar de manera progresiva hacia un modelo homologado en todo el país.


En materia de violencia contra las mujeres, el informe destaca reformas al Código Penal local para homologar disposiciones relacionadas con delitos sexuales, así como cambios a los códigos Civil y Penal para establecer la pérdida de la patria potestad cuando una persona sea condenada por feminicidio contra la madre de una niña, niño o adolescente bajo su responsabilidad.


También se ampliaron las conductas relacionadas con la violación de la intimidad sexual y la violencia digital, incluyendo la generación de contenido sexual falso y la distribución no consentida de imágenes íntimas, mediante reformas identificadas dentro del Congreso como “Ley Valeria”.


En seguridad pública, la Legislatura aprobó reformas a la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado para crear una Unidad Especializada en materia de extorsión y establecer una Unidad Central de Delitos Patrimoniales encargada de investigaciones de mayor complejidad.


Además, se modificó la Ley Orgánica Municipal para incorporar perspectiva de género en la actuación de policías municipales y en los procedimientos de justicia cívica administrativa, particularmente cuando estén involucradas mujeres como víctimas o probables infractoras.


El Congreso también aprobó modificaciones al Código Penal y a la Ley de Tránsito para tipificar como delito la conducción de vehículos en estado de ebriedad o bajo el influjo de determinadas sustancias cuando, por culpa, se provoque la muerte de una persona.


En este rubro, la Legislatura exhortó además al Poder Ejecutivo y a los municipios a implementar “Senderos Seguros” como una medida enfocada en la movilidad y seguridad de mujeres y niñas.


En derechos laborales, el Congreso queretano aprobó la minuta de reforma constitucional federal relacionada con la disminución de la jornada laboral de 48 a 40 horas semanales.


También se modificó la Ley de los Trabajadores del Estado para establecer que no podrá desempeñar empleo, cargo o comisión pública quien se encuentre inscrito en el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias.


En materia educativa, se aprobaron reformas para fortalecer la educación digital y promover el uso responsable, respetuoso y seguro de las tecnologías de la información entre niñas, niños y adolescentes.


El informe también señala reformas constitucionales orientadas a fortalecer la igualdad sustantiva, prevenir y erradicar la violencia de género y establecer mecanismos para reducir la brecha salarial entre mujeres y hombres.


Asimismo, se incorporaron disposiciones para reconocer y prevenir distintas formas de violencia durante el periodo de lactancia y se aprobaron modificaciones orientadas a construir entornos escolares inclusivos y fortalecer la educación menstrual.


Otro de los cambios reportados fue la regulación en el Código Civil del procedimiento administrativo para el reconocimiento de la identidad de género autopercibida ante el Registro Civil.


En materia ambiental, el Congreso estableció restricciones para la circulación de vehículos recreativos todo terreno en áreas naturales protegidas, zonas de conservación ecológica y espacios con ecosistemas que requieran protección especial.


El informe dedica además un apartado a la dinámica política interna de la Legislatura, caracterizada por la ausencia de una mayoría absoluta. La Mesa Directiva señaló que este escenario ha obligado a las diferentes fuerzas políticas a construir acuerdos y procesar sus diferencias mediante negociación parlamentaria.


Dentro de ese contexto, el Congreso aprobó el parlamento abierto como herramienta legislativa para fortalecer la transparencia, rendición de cuentas y participación de organizaciones civiles, academia y ciudadanía en los procesos legislativos.


En materia electoral, la Legislatura reformó la Ley Electoral del Estado de Querétaro.


Entre los principales cambios se estableció que el 50 por ciento de participación de mujeres constituye un piso mínimo y no un límite, además de obligar a los partidos políticos a postular mujeres al frente de planillas municipales en al menos dos municipios donde históricamente no hayan gobernado.


La reforma también fortaleció disposiciones contra la violencia política hacia las mujeres, incorporó reglas relacionadas con comunicación digital e inteligencia artificial y reconoció mecanismos para que puedan votar personas en prisión preventiva sin sentencia condenatoria, así como personas en estado de postración y sus cuidadoras primarias.


Respecto a salud pública, el Congreso destacó la aprobación del denominado Código Mariposa, mediante reformas a la Ley de Salud para fortalecer la atención a mujeres y familias que atraviesan pérdidas gestacionales o perinatales.


También se aprobaron disposiciones enfocadas en prevención y atención del cáncer de próstata, diabetes y salud mental, además de exhortos para reforzar las acciones contra el dengue y promover la donación altruista de alimentos.


En desarrollo urbano, vivienda y política social, el informe menciona el análisis de asuntos relacionados con certeza patrimonial, infraestructura, permisos laborales para cuidado de hijas e hijos y corresponsabilidad parental.


En finanzas públicas, la Mesa Directiva sostuvo que durante el periodo se analizaron y aprobaron paquetes económicos con el objetivo de mantener finanzas sanas, priorizar gasto social y evitar nuevos impuestos que afectaran directamente la economía familiar.


El informe plantea además la necesidad de orientar mayores recursos hacia municipios del semidesierto y la Sierra, infraestructura en zonas vulnerables, comunidades indígenas y personas con discapacidad.


Durante el segundo año legislativo, el Congreso también recibió informes de organismos y dependencias como la Defensoría de los Derechos Humanos, Fiscalía General del Estado, Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción, Tribunal de Justicia Administrativa, Poder Ejecutivo y Poder Judicial.


Asimismo, realizó nombramientos y ratificaciones en distintos organismos, entre ellos el Consejo Estatal Ciudadano de la Comisión Local de Búsqueda de Personas, la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción y el Tribunal de Justicia Administrativa.


En materia de comunicación institucional, el Congreso reportó la difusión de 26 sesiones de Pleno, 69 sesiones de comisiones y 92 ruedas de prensa encabezadas por grupos o fracciones parlamentarias.


El balance presentado por la Mesa Directiva muestra un segundo año legislativo marcado por reformas estructurales, modificaciones electorales y ajustes derivados de cambios constitucionales federales, pero también por una composición política sin mayoría absoluta que ha obligado a las distintas fuerzas a negociar buena parte de las decisiones legislativas.

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