HACIENDA PIDE ACCIÓN PENAL CONTRA EMPRESA LIGADA AL ENTORNO DE AMÍLCAR OLÁN POR PRESUNTO HUACHICOL FISCAL DE 834 MDP

Ciudad de México, 30 de agosto de 2026.– La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través del Servicio de Administración Tributaria, solicitó a la Fiscalía General de la República proceder penalmente contra responsables de Portacelis Gas and Oil por un presunto esquema de contrabando de combustibles que habría causado un perjuicio fiscal superior a 834 millones de pesos.

De acuerdo con información publicada por Aristegui Noticias, retomando un reporte de Reforma, la acusación está sustentada en una declaratoria de perjuicio entregada a la FGR el pasado 25 de marzo por Francisco Javier Arias Chávez, administrador de Asuntos Penales del SAT.

La autoridad fiscal sostiene que Portacelis habría proporcionado información falsa en 139 pedimentos utilizados para importar combustibles mediante ferrotanques entre febrero y junio de 2025, con lo que presuntamente se omitió el pago de impuestos y derechos correspondientes.

El caso adquiere relevancia política por los antecedentes societarios de la compañía.

Investigaciones de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad documentaron que Portacelis Gas and Oil fue constituida en Villahermosa, Tabasco, el 6 de agosto de 2024 y que inicialmente tuvo como administrador único a Juan Carlos de la Cruz Murillo.

MCCI identifica a De la Cruz Murillo como un operador de confianza de Jorge Amílcar Olán Aparicio, empresario tabasqueño cuya amistad con Andrés Manuel “Andy” López Beltrán y Gonzalo “Bobby” López Beltrán ha sido documentada mediante fotografías, registros societarios y grabaciones difundidas previamente por distintos medios.

De la Cruz Murillo también apareció en sociedades relacionadas con negocios de Olán: fue comisario de Romedic, accionista de Poyago y encargado del órgano de vigilancia de Inmobiliaria e Infraestructura Portacelis, compañía en la que, según la investigación de MCCI, Amílcar Olán posee 90 por ciento de las acciones.

Sin embargo, antes de que Portacelis comenzara a incrementar sus operaciones de importación de combustible hubo modificaciones relevantes en su estructura corporativa.

El 27 de septiembre de 2024, la Secretaría de Energía otorgó a la empresa autorización para importar hasta 52 millones de litros de diésel. Semanas después, los socios originales cedieron sus acciones y De la Cruz Murillo dejó la administración.

La compañía quedó entonces en manos de Jeysi Armando Balcázar Vértiz y José Alonso Ulín Hernández, a quienes la investigación periodística describe como personas sin experiencia previa conocida en el sector energético. Ulín fue nombrado administrador único.

Es precisamente contra esta nueva estructura donde se habría concentrado la denuncia del SAT.

Aristegui reporta que la declaratoria de perjuicio está dirigida contra Ulín Hernández, trabajadores de la empresa y agentes aduanales relacionados con las operaciones investigadas. De la Cruz Murillo no aparece señalado directamente dentro de esa acusación fiscal.

La historia de Portacelis como importadora de combustible comenzó en febrero de 2025.

De acuerdo con los registros aduanales revisados por MCCI, entre el 4 de febrero y el 11 de julio de ese año la empresa movió oficialmente alrededor de 15 millones 350 mil litros de diésel procedentes de Texas mediante 444 operaciones realizadas principalmente en las aduanas de Matamoros, Nuevo Laredo y Veracruz.

El valor declarado de esas importaciones ascendió a aproximadamente siete millones de dólares.

La primera operación registrada fue una pipa con 26 mil 119 litros de diésel que cruzó por Matamoros el 4 de febrero de 2025.

El proveedor fue Ikon Midstream, compañía estadounidense que posteriormente quedó relacionada con investigaciones federales por presunto contrabando de hidrocarburos.

Semanas después, Ikon Midstream quedó bajo escrutinio a raíz de un cargamento de alrededor de 10 millones de litros de diésel introducido a México a bordo del buque Torm Agnes, en un caso investigado por las autoridades mexicanas como posible huachicol fiscal.

El volumen de operaciones de Portacelis creció rápidamente.

Según los registros analizados por MCCI, 435 de las 444 operaciones se realizaron mediante ferrocarril y sumaron aproximadamente 8.38 millones de litros. Otras ocho operaciones marítimas por Veracruz representaron alrededor de 6.95 millones de litros adicionales.

Entre sus principales proveedores aparecieron Brownsville GTR LLC y MG Energy LLC, ambas compañías establecidas en Texas.

Brownsville GTR habría realizado 420 operaciones para Portacelis, con aproximadamente 7.83 millones de litros de combustible, mientras MG Energy suministró cerca de siete millones de litros mediante terminales marítimas.

La investigación señala que las autoridades comenzaron a detectar irregularidades relacionadas con los volúmenes reportados en las operaciones.

El 1 de agosto de 2025, Portacelis fue suspendida del padrón de importadores de hidrocarburos. La causal aplicada estaba relacionada con incumplimientos en declaraciones fiscales u otras obligaciones tributarias.

Otro personaje mencionado en la indagatoria es el agente aduanal Víctor José Carretero Zardeneta, señalado como participante en la operación de los 139 pedimentos investigados.

De acuerdo con el reporte, Carretero habría logrado trasladarse a Estados Unidos en enero de 2026 después de evadir un intento de captura de la FGR en el cruce fronterizo entre Matamoros y Brownsville. También enfrenta otras investigaciones relacionadas con presunto contrabando de hidrocarburos.

La investigación fiscal contra Portacelis introduce así un nuevo expediente dentro del llamado huachicol fiscal, modalidad mediante la cual combustibles pueden ser introducidos al país mediante declaraciones aduanales falsas o incompletas para reducir o evitar el pago de impuestos.

El elemento político deriva de los vínculos empresariales que investigadores periodísticos han documentado entre los fundadores y primeros administradores de Portacelis y el círculo de Amílcar Olán.

Sin embargo, hasta ahora no existe información pública que acredite que Andrés Manuel “Andy” López Beltrán haya participado en las operaciones de importación investigadas, que sea socio de Portacelis o que haya intervenido en los 139 pedimentos cuestionados por Hacienda.

El vínculo documentado es indirecto: Portacelis fue administrada inicialmente por una persona relacionada empresarialmente con Amílcar Olán, quien a su vez mantiene una amistad conocida con Andy y Gonzalo López Beltrán.

La responsabilidad penal deberá determinarse individualmente dentro de la investigación de la FGR y, eventualmente, ante los tribunales.

Por ahora, el dato institucionalmente relevante es que el SAT ya presentó una declaratoria formal de perjuicio por más de 834 millones de pesos y pidió a la Fiscalía General de la República proceder contra quienes resulten responsables de las operaciones atribuidas a Portacelis Gas and Oil.