Justicia de Honduras desestima cargos por corrupción contra expresidente Juan Orlando Hernández

TEGUCIGALPA.— Un juez de Honduras desestimó definitivamente los cargos por fraude y lavado de activos contra el expresidente Juan Orlando Hernández, quien había sido acusado de participar en el desvío de recursos públicos para financiar su campaña presidencial de 2013.

La resolución fue dictada este martes 1 de septiembre dentro del denominado caso Pandora II. De acuerdo con el portavoz del Poder Judicial, Carlos Silva, el juez determinó que Hernández no era responsable de las decisiones presupuestarias relacionadas con los recursos investigados y que no pudo acreditarse que el dinero presuntamente desviado hubiera llegado a su campaña electoral.

La Fiscalía hondureña había señalado que entre 2010 y 2013 fueron canalizados más de 288 millones de lempiras —alrededor de 10.8 millones de dólares— mediante empresas señaladas como fachada. En el caso particular de Hernández, la acusación sostenía que parte de esos recursos habría beneficiado su proyecto político.

Con el sobreseimiento definitivo, la causa penal contra el exmandatario queda cerrada, aunque la resolución todavía puede ser impugnada ante una Corte de Apelaciones.

“Este capítulo de persecución política ha terminado”, declaró Hernández después de conocerse la resolución judicial.

Indultado por Donald Trump

Juan Orlando Hernández gobernó Honduras entre 2014 y 2022. Ese mismo año fue extraditado a Estados Unidos, donde posteriormente fue declarado culpable de delitos relacionados con narcotráfico y sentenciado a 45 años de prisión.

Sin embargo, a finales de 2025 recibió un indulto del presidente estadounidense Donald Trump, lo que permitió su liberación. Hernández regresó a Honduras en julio de este año, donde todavía enfrentaba el proceso por fraude y lavado de activos.

Con la resolución de este martes, el expresidente obtiene ahora el cierre del principal proceso penal que permanecía abierto en su país.

Hernández ha rechazado reiteradamente las acusaciones en su contra y sostiene que los procedimientos judiciales emprendidos contra él tuvieron motivaciones políticas.