BUSCAN BLINDAR DERECHOS SOCIALES EN LA CONSTITUCIÓN DE QUERÉTARO

Querétaro podría avanzar hacia un nuevo modelo de política social en el que determinados niveles mínimos de bienestar dejen de depender exclusivamente de programas creados por cada gobierno y encuentren respaldo directo en la Constitución local.

El diputado Homero Barrera Mcdonald, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales de la LXI Legislatura, anunció el inicio de los trabajos para construir una iniciativa de reforma a la Constitución Política del Estado que fortalezca el reconocimiento y la garantía de los derechos sociales.

Como parte de este proceso, Barrera encabezó el foro “Derechos Sociales: Latinoamérica y los retos de la Constitución local”, en el que participaron Marco Antonio León Hernández, doctor en Derecho Constitucional y regidor del municipio de Querétaro, así como Fernando Casado Gutiérrez, consultor español especializado en derechos humanos y sociales.

La discusión parte de una premisa: aunque Querétaro mantiene un importante desarrollo económico y capacidad para atraer inversiones, ese crecimiento debe traducirse también en mejores condiciones de bienestar, igualdad de oportunidades y justicia social para la población.

La propuesta todavía se encuentra en construcción, pero pretende analizar qué derechos sociales pueden incorporarse o fortalecerse dentro de la Constitución estatal y establecer mecanismos para garantizar su cumplimiento de manera progresiva, considerando también la disponibilidad presupuestal y la viabilidad jurídica.

“El propósito es pasar de una política social basada únicamente en programas o apoyos gubernamentales a una visión en la que existan pisos mínimos de bienestar protegidos por la Constitución”, explicó Barrera, quien planteó que estos derechos deberían mantenerse independientemente del partido que gobierne, los cambios de administración o los procesos electorales.

Uno de los puntos centrales de la iniciativa será precisamente reducir la discrecionalidad de la política social. Actualmente, muchos apoyos dependen de programas gubernamentales que pueden modificarse, desaparecer o ser sustituidos con cada administración. La intención es explorar un esquema en el que determinados derechos tengan una protección jurídica superior y las políticas públicas deban orientarse a garantizarlos.

Durante el foro, Marco Antonio León Hernández sostuvo que México y Querétaro cuentan con un marco jurídico ampliamente desarrollado en materia de derechos humanos y sociales, pero advirtió que persiste una distancia importante entre los derechos reconocidos sobre el papel y aquellos que realmente puede ejercer la población.

También cuestionó la capacidad actual de los organismos defensores de derechos humanos para hacer efectivas sus recomendaciones y señaló la necesidad de fortalecer la formación y sensibilidad en derechos humanos de funcionarios vinculados con las áreas de seguridad.

Fernando Casado Gutiérrez llevó la discusión hacia el terreno presupuestal. El especialista español sostuvo que garantizar derechos sociales requiere políticas públicas capaces de distribuir los recursos entre el conjunto de la población y consideró insuficiente utilizar la falta de dinero como argumento permanente para impedir su materialización.

Casado señaló además que una mayor conciencia sobre los derechos sociales deberá convertirse necesariamente en políticas públicas concretas y vinculó ese proceso con la discusión sobre una mejor distribución de la riqueza.

La construcción de la reforma apenas comienza. El reto será determinar cuáles derechos pueden quedar expresamente protegidos, qué obligaciones concretas asumiría el Estado y, especialmente, cómo garantizar su financiamiento y cumplimiento sin convertir las nuevas disposiciones constitucionales únicamente en declaraciones aspiracionales.

De concretarse, la discusión podría abrir uno de los debates constitucionales más relevantes de los próximos años en Querétaro: hasta dónde debe llegar la obligación del Estado para garantizar condiciones mínimas de bienestar y qué aspectos de la política social deben dejar de depender de las decisiones de cada gobierno.