“El Congreso no es casa de campaña”: Guillermo Vega pide reglas para evitar promoción electoral en la Legislatura

Querétaro, Qro.– El diputado panista Guillermo Vega Guerrero rechazó que exista un supuesto “acuerdo mordaza” dirigido contra Santiago Nieto Castillo y sostuvo que la discusión al interior del Congreso del Estado busca establecer reglas para impedir que las instalaciones y recursos públicos del Poder Legislativo sean utilizados como plataforma de promoción político-electoral rumbo a los comicios de 2027.

El presidente de la Junta de Coordinación Política señaló que el planteamiento no pretende restringir la libertad de expresión de Nieto Castillo ni impedir que actores políticos realicen posicionamientos públicos. Aseguró que el objetivo es establecer criterios generales que sean aplicables a cualquier persona con aspiraciones electorales, independientemente del partido al que pertenezca.

“No queremos una regla contra Santiago Nieto. Queremos una regla para Santiago Nieto y para todos los demás”, expresó Vega Guerrero, al defender la necesidad de diferenciar entre las actividades institucionales que se realizan dentro del Congreso y aquellas que tienen un carácter eminentemente político o electoral.

La discusión se produce después de la presencia de Santiago Nieto en instalaciones del Poder Legislativo queretano para realizar posicionamientos políticos y en un momento particularmente sensible: el proceso electoral 2026-2027 ya se encuentra en marcha y distintos actores han comenzado a incrementar su presencia pública rumbo a las elecciones del próximo año

Vega Guerrero sostuvo que el Congreso debe permanecer como un espacio destinado al trabajo legislativo y a las actividades institucionales, sin convertirse en una plataforma para promover aspiraciones personales. “El Congreso no es un estudio de televisión, no es sala de prensa de aspirantes, no es casa de campaña y no debe convertirse en vitrina política de nadie”, sentenció.

El legislador fundamentó su postura en el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece principios de imparcialidad en la utilización de los recursos públicos. Desde su perspectiva, permitir que infraestructura, personal o logística institucional sean utilizados para actividades de promoción política podría generar cuestionamientos sobre la equidad entre quienes buscan competir electoralmente.

Vega aclaró que los políticos y aspirantes mantienen intacto su derecho a convocar conferencias de prensa, realizar recorridos, emitir posicionamientos y desarrollar actividades partidistas, pero consideró que estas acciones deben efectuarse fuera de las instalaciones legislativas cuando no estén relacionadas directamente con las funciones del Congreso y utilizando recursos propios o partidistas.

El posicionamiento abre una discusión más amplia sobre los límites entre la actividad política ordinaria y la promoción electoral anticipada, particularmente en una etapa en la que los partidos comienzan a definir liderazgos y posibles candidaturas rumbo a 2027.

La controversia también tendrá que resolverse bajo un principio de aplicación general. Si el Congreso establece nuevas reglas para el uso de sus instalaciones, estas tendrían que alcanzar por igual a funcionarios, dirigentes, legisladores y aspirantes de todas las fuerzas políticas, evitando que las restricciones sean utilizadas selectivamente contra determinados personajes.

Para Vega Guerrero, ese es precisamente el punto central de su propuesta: garantizar libertad de expresión y pluralidad política, pero impedir que recursos financiados con dinero público terminen sirviendo como infraestructura para construir candidaturas.

Con el proceso electoral ya iniciado, la utilización de espacios y recursos institucionales estará bajo una vigilancia cada vez mayor. La discusión en el Congreso queretano anticipa uno de los temas que acompañará la carrera hacia 2027: hasta dónde llega la actividad política legítima y dónde comienza el aprovechamiento de recursos públicos con fines electorales.