Querétaro, Qro.- La diputada local Andrea Tovar presentó este 15 de septiembre una iniciativa para fortalecer los controles de integridad aplicables a quienes buscan convertirse en candidatos a cargos de elección popular, con la intención de cerrar espacios a la eventual infiltración de intereses vinculados con la delincuencia organizada dentro de las instituciones públicas. La propuesta fue presentada en la Legislatura de Querétaro y plantea llevar la discusión hasta el Congreso de la Unión.
Durante la presentación, Tovar estuvo acompañada por el coordinador de Morena en el Congreso local, Arturo Maximiliano García; Santiago Nieto Castillo; la diputada Claudia Díaz Gayou y el legislador Ulises Gómez de la Rosa. La iniciativa busca que la Legislatura estatal haga uso de la facultad prevista en el artículo 71, fracción III, de la Constitución federal, que permite a los congresos de los estados presentar iniciativas ante el Congreso de la Unión.
El planteamiento no se limita a revisar antecedentes penales. Propone que, cuando existan indicios objetivos, verificables y razonables, las autoridades puedan considerar posibles relaciones de los aspirantes con tres áreas particularmente sensibles: operaciones ilícitas relacionadas con desarrollo urbano, uso de suelo y ordenamiento territorial; extracción, aprovechamiento, distribución o comercialización ilegal de agua; y utilización de prestanombres o personas interpuestas para ocultar a los verdaderos beneficiarios de bienes, recursos u operaciones.
La propuesta se inscribe en una discusión que Morena ha denominado “8 de 8 Plus”, mediante la cual sus legisladores y Santiago Nieto han planteado ampliar los controles sobre quienes pretenden competir por cargos públicos. La intención, de acuerdo con sus promotores, es ir más allá de los requisitos tradicionales y revisar redes patrimoniales, empresariales y financieras cuando existan elementos que justifiquen hacerlo.
“Quienes llegan a un cargo público no solamente toman decisiones sobre su propia vida; toman decisiones que afectan la vida de millones de personas, sobre el territorio, nuestras ciudades, los recursos naturales y el presupuesto”, sostuvo Tovar durante la presentación. Para la legisladora, el objetivo debe ser impedir que posiciones de gobierno puedan terminar al servicio de intereses particulares o estructuras criminales.
La diputada también buscó colocar la discusión fuera de la confrontación estrictamente partidista. Aseguró que el fortalecimiento de los filtros debería ser respaldado por todas las fuerzas políticas, bajo el argumento de que impedir la penetración del crimen en candidaturas no beneficia a un partido en particular, sino a la confiabilidad del sistema electoral y de las instituciones.
El debate cobra relevancia rumbo al proceso electoral de 2027. En las últimas semanas, diferentes actores políticos de Querétaro han planteado mecanismos para revisar los perfiles de quienes buscarán candidaturas, mientras Morena ha cuestionado que algunos de esos controles ya están contemplados en la legislación y ha pedido ampliar la revisión hacia fenómenos como corrupción inmobiliaria, negocios relacionados con el agua y estructuras financieras utilizadas para esconder patrimonio.
El reto de fondo será convertir la propuesta en un mecanismo jurídicamente sólido: filtros suficientemente robustos para detectar riesgos reales, pero con reglas claras que eviten que una sospecha, una denuncia sin sustento o una disputa política se conviertan por sí mismas en herramientas para excluir candidaturas. En una democracia, blindar las instituciones frente al crimen organizado resulta indispensable; hacerlo respetando la presunción de inocencia y el debido proceso lo es igualmente.
Con la iniciativa, Andrea Tovar y la bancada de Morena buscan llevar desde Querétaro una discusión de alcance nacional: cuánto debe conocer el Estado sobre quienes aspiran a gobernar y qué herramientas debe tener para impedir que el dinero ilícito, los prestanombres o intereses criminales encuentren una puerta de entrada a las boletas electorales.