CDMX ENCABEZA REGISTROS DE FRAUDE Y ELEVA 25% SU TASA DE INCIDENCIA DELICTIVA EN UN AÑO

Ciudad de México.- La Ciudad de México registró un fuerte incremento en sus indicadores de victimización durante 2025 y se colocó entre las entidades con mayor incidencia delictiva del país, de acuerdo con los resultados de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2026 del Inegi. La tasa estimada para la capital pasó de 54 mil 473 a 68 mil 154 delitos por cada 100 mil habitantes, un aumento cercano al 25% en apenas un año. Paralelamente, la tasa de personas mayores de 18 años que fueron víctimas de algún delito aumentó de 30 mil 804 a 34 mil 930 por cada 100 mil habitantes. Los datos de la ENVIPE no representan únicamente denuncias presentadas ante las autoridades, sino una estimación construida mediante encuestas para dimensionar también aquellos delitos que nunca llegan a una carpeta de investigación.

Dentro de este escenario, el fraude aparece como uno de los principales problemas. Registros del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública con corte a agosto de 2026, colocan a la Ciudad de México con 15 mil 53 carpetas de investigación por fraude en lo que va del año, por encima del Estado de México, que acumulaba alrededor de 10 mil casos. La capital también contabilizaba 2 mil 676 investigaciones por despojo. El comportamiento mensual muestra que el fraude mantiene una presencia constante: tan sólo en junio fueron registrados 2 mil 53 casos y durante agosto otros 2 mil 20. Es importante distinguir ambas mediciones: mientras la ENVIPE calcula mediante encuesta la cantidad estimada de delitos realmente sufridos por la población, los datos del SESNSP corresponden exclusivamente a hechos que fueron denunciados y terminaron registrados formalmente por las fiscalías.

El fenómeno adquiere mayor relevancia si se considera que el fraude fue precisamente el delito más frecuente a nivel nacional durante 2025, seguido por la extorsión y el robo o asalto en calle o transporte público. El Inegi estimó que 23 millones de personas adultas fueron víctimas de algún delito durante ese año y que en 28.5% de los hogares mexicanos al menos uno de sus integrantes sufrió algún hecho delictivo. Sin embargo, la dimensión más complicada para las instituciones sigue siendo la denominada cifra oculta: 93.4% de los 33.8 millones de delitos estimados en México no fueron denunciados o, aun cuando fueron reportados, no derivaron en la apertura de una carpeta de investigación. Esto significa que los registros ministeriales muestran sólo una fracción del problema y que delitos como fraude y extorsión pueden tener una incidencia real considerablemente mayor.

Frente al incremento de los indicadores, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México ha destacado una mayor actividad ministerial y judicial contra diferentes delitos. La fiscal Bertha Alcalde informó que, comparando enero-septiembre de 2024 con el mismo periodo de 2026, aumentaron 38.7% las detenciones y judicializaciones relacionadas con extorsión; 49.7% las acciones contra robo a casa habitación; 25.4% las aprehensiones y vinculaciones a proceso por robo de vehículo, y 20.8% las actuaciones judiciales por violación. Estos resultados reflejan una mayor capacidad de persecución en determinadas conductas, pero no contradicen las cifras de victimización: una cosa mide la actuación de la Fiscalía y otra la cantidad de delitos que la población reporta haber sufrido. El desafío para las autoridades capitalinas será determinar por qué, pese al incremento de acciones institucionales, la encuesta del Inegi registra al mismo tiempo un crecimiento significativo en la incidencia general.

La fotografía que dejan ambos sistemas estadísticos es compleja. Por un lado, las autoridades reportan más investigaciones, detenciones y judicializaciones; por el otro, la experiencia cotidiana declarada por los habitantes de la capital muestra que la victimización creció de forma importante entre 2024 y 2025, mientras los registros de 2026 colocan al fraude como una de las conductas con mayor número de carpetas abiertas en la ciudad. Además del combate policial y ministerial, el fenómeno plantea retos relacionados con fraudes digitales, operaciones financieras, suplantación de identidad y nuevas modalidades de engaño que no siempre requieren contacto físico entre delincuentes y víctimas. La Ciudad de México enfrenta así un doble desafío: incrementar la capacidad para investigar los casos que sí son denunciados y reducir la enorme brecha de delitos que nunca llegan formalmente al conocimiento de las autoridades.