GUADALAJARA, Jal.- La Secretaría de Seguridad de Jalisco abrió una investigación formal contra dos policías estatales identificados mediante videos difundidos después de la manifestación del pasado 11 de octubre, en los que se observan actuaciones que podrían constituir uso excesivo de la fuerza. Ambos elementos fueron presentados ante la Dirección de Asuntos Internos para determinar responsabilidades.
La movilización surgió por las denuncias de habitantes de Guadalajara y municipios metropolitanos que aseguran recibir desde hace meses agua turbia, con mal olor o coloración inusual. La problemática ha afectado a cientos de colonias y ha generado cuestionamientos sobre la infraestructura de potabilización y distribución del líquido.
Miles de personas participaron en la marcha, que se dirigió hacia Casa Jalisco, residencia oficial del gobernador Pablo Lemus. La protesta terminó en enfrentamientos entre manifestantes y policías antimotines, con utilización de gas, chorros de agua a presión y detenciones. El Gobierno estatal reportó inicialmente 39 personas detenidas y 28 policías lesionados.
Tras revisar videos del operativo, el propio gobernador Pablo Lemus reconoció públicamente que existieron “graves deficiencias” y excesos por parte de algunos elementos. También admitió que no debió utilizarse agua ni gas contra los manifestantes y ordenó investigar a los responsables. Posteriormente confirmó que todas las personas detenidas recuperaron su libertad.
Las denuncias, sin embargo, fueron más allá del uso desproporcionado de la fuerza. Personas detenidas y organizaciones defensoras de derechos humanos denunciaron presuntas agresiones y actos de tortura durante y después de las detenciones, incluyendo señalamientos de que algunos manifestantes fueron llevados inicialmente al interior de Casa Jalisco. Las acusaciones deberán ser determinadas mediante las investigaciones correspondientes.
Este 14 de octubre, la presidenta Claudia Sheinbaum pidió a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos realizar una investigación profunda para determinar quién dio las órdenes, entrevistar a las víctimas y establecer responsabilidades. También planteó que la Fiscalía General de la República pueda intervenir en las indagatorias.
La CNDH informó posteriormente que ejercerá su facultad de atracción para investigar posibles violaciones a derechos humanos ocurridas durante la movilización. De esta manera, el caso ya no se limitará únicamente a la investigación interna de la Secretaría de Seguridad estatal.
Hasta ahora, los dos policías son los primeros elementos identificados formalmente dentro del procedimiento de Asuntos Internos, aunque las autoridades continúan revisando videos, testimonios y material relacionado con el operativo para establecer si hubo más servidores públicos involucrados.