Los procesos judiciales contra algunos de los narcotraficantes mexicanos más conocidos han entrado en una etapa de negociaciones con la justicia de Estados Unidos. Entre los nombres mencionados se encuentran Ovidio y Joaquín Guzmán López, Rafael Caro Quintero y Vicente Carrillo Fuentes, alias “El Viceroy”.
De acuerdo con información difundida por Excélsior, las conversaciones forman parte de los procedimientos que enfrentan los acusados ante tribunales estadounidenses, donde sus defensas buscan definir las condiciones legales de sus respectivos casos.
Según el reporte, Ovidio y Joaquín Guzmán López, hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán, ya se declararon culpables y se encuentran a la espera de que las autoridades estadounidenses valoren su colaboración antes de presentar recomendaciones de sentencia ante una corte federal de Chicago.
En el caso de Rafael Caro Quintero, las negociaciones continúan con la posibilidad de alcanzar un acuerdo de culpabilidad y cooperación. Su siguiente audiencia de revisión está programada para el 20 de noviembre, mientras que el juicio podría comenzar en marzo de 2027 si las partes no llegan a un entendimiento.
Vicente Carrillo Fuentes, conocido como “El Viceroy”, también mantiene abierta la posibilidad de un acuerdo. Una jueza federal de Nueva York revisará próximamente los avances de las conversaciones para determinar si el procedimiento continúa hacia juicio.
La situación es distinta para Miguel Ángel Treviño Morales, alias “Z-40”, y Omar Treviño Morales, “Z-42”, antiguos dirigentes de Los Zetas. Ambos se declararon inocentes y, de acuerdo con el reporte, la fiscalía estadounidense informó desde julio que no habrá un acuerdo de culpabilidad en sus casos.
Aunque inicialmente se contempló solicitar la pena de muerte contra los hermanos Treviño, las autoridades estadounidenses optaron por buscar condenas de cadena perpetua.
Las negociaciones reflejan las diferentes estrategias judiciales utilizadas en Estados Unidos para procesar a figuras del narcotráfico, donde la cooperación con las autoridades puede influir en las recomendaciones de sentencia, sin garantizar automáticamente una reducción de condena.