Infonavit desmantela red de corrupción: más de 3 mil denuncias por fraudes y despojos
El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) prepara una ofensiva legal sin precedentes: más de 3,400 denuncias serán presentadas contra exfuncionarios, abogados y supuestos intermediarios por fraudes masivos que han afectado a cientos de miles de derechohabientes en todo el país.
Las denuncias, que se suman a otras 38 ya interpuestas, giran en torno a prácticas que van desde la falsificación de documentos y usurpación de identidad, hasta el despojo ilegal de viviendas a través de juicios simulados o ventas múltiples del mismo inmueble. En algunos casos, los responsables aprovecharon vacíos legales para apropiarse de los ahorros de los trabajadores o lucrar con viviendas abandonadas.
Los delitos no fueron cometidos únicamente por actores externos: parte de los señalados son exfuncionarios del propio Instituto, quienes habrían facilitado estos esquemas de corrupción al interior del sistema. También se ha detectado que varios despachos jurídicos involucrados operaban con la fachada de defender los intereses de los trabajadores, cuando en realidad se beneficiaban del despojo.
Ante esta crisis de confianza, Infonavit se encuentra levantando un censo nacional junto con autoridades federales para identificar el estado real de más de 800 mil viviendas abandonadas o invadidas. El objetivo es frenar la especulación inmobiliaria y evitar que grupos organizados continúen haciendo negocio con propiedades financiadas por fondos públicos y cuotas obrero-patronales.
La estrategia de limpieza institucional incluye también medidas financieras a favor de los derechohabientes: más de 4 millones de créditos han sido congelados para evitar incrementos impagables, se han reducido tasas de interés y mensualidades, y se promueven esquemas de reestructuración que permiten a los trabajadores conservar su patrimonio.
En paralelo, el Instituto ha intensificado acciones legales contra los llamados “coyotes del crédito”, falsos gestores que prometen soluciones exprés pero terminan defraudando a quienes más lo necesitan. El mensaje es claro: no habrá impunidad para quienes lucren con el derecho a la vivienda.
