Diputado propone cárcel a quienes no inscriban en el IMSS a sus trabajadores

La iniciativa también propone sanciones a quienes incumplan de manera arbitraria con esta obligación y de manera paralela se presente un accidente laboral o enfermedad por parte de las y los trabajadores.

El diputado federal de morena,Pedro David Ortega Fonseca, presentó una iniciativa para elevar la sanción de seis meses a tres años de prisión a empleadores que no realicen la inscripción de los trabajadores ante el IMSS en los plazos establecidos por la ley.

La iniciativa también propone sanciones a quienes incumplan de manera arbitraria con esta obligación y de manera paralela se presente un accidente laboral o enfermedad por parte de las y los trabajadores.

 Ortega Fonseca señaló que el objetivo es fortalecer la protección y preservación de la vida de toda persona trabajadora referente a riesgos de trabajo.

La modificación al artículo 123 de la Constitución Política plantea la protección sobre la ocurrencia de un riesgo de trabajo y señala que los empresarios, empresas o patrones serán responsables de las accidentes o enfermedades sufridos por los trabajadores con motivo al ejercicio o ejecución del trabajo.

Con ello se genera el derecho a pago por concepto de indemnización o, en su caso, de una pensión, de acuerdo con el dictamen del estado de salud del trabajador.

En caso de que al trabajador le ocurra un riesgo de trabajo, ya sea por una enfermedad, un accidente o le haya ocasionado incapacidad temporal, permanente o, lamentablemente, la pérdida de vida, entonces le corresponderá la indemnización o una pensión, detalló.

El parlamentario refirió que en el 2022 la Secretaría del Trabajo y Prevención Social registró que a nivel nacional hubo 565 mil 473 casos de riesgo de trabajo, de los cuales el 13.91%  fueron por enfermedades del trabajo, el 23. 6 % por accidentes en el trayecto al mismo, el 62 por ciento por accidente en el trabajo y contabilizó la defunción de 922 personas por accidente laboral.

El legislador señaló que las personas trabajadoras deben hacer efectivos los mecanismos jurídicos para validar su derecho a la pensión o indemnización correspondiente, asumiendo los gastos médicos para el tratamiento de su estado de salud y las corrientes para su sobrevivencia y la de su familia.