El caso, ocurrido el pasado 22 de septiembre dentro de las instalaciones del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) Sur, provocó una fuerte conmoción social. De acuerdo con las investigaciones, Ashton atacó con un arma blanca a un alumno de 16 años, quien murió a consecuencia de las heridas, y también lesionó a un trabajador de mantenimiento que intentó intervenir.
Durante la audiencia, la defensa presentó dictámenes psicológicos y psiquiátricos que, según argumentaron, acreditan que el joven padecía un cuadro psicótico previo a los hechos. Con base en ello, solicitaron que su proceso se llevara en un centro de atención mental o en el Centro de Internamiento para Personas con Trastornos Psicosociales (CIPS).
Sin embargo, el juez determinó que los informes médicos no eran suficientes para modificar la medida cautelar y resolvió que el acusado debía seguir privado de su libertad en el Reclusorio Oriente mientras avanza la investigación complementaria, la cual tendrá un plazo de tres meses.
La defensa anunció que interpondrá un recurso de amparo para impugnar la decisión y reiteró que el joven requiere tratamiento especializado. En tanto, familiares y compañeros del alumno fallecido exigieron que el proceso se mantenga firme y se garantice justicia.
El caso de Lex Ashton ha reabierto el debate sobre cómo el sistema de justicia mexicano enfrenta los delitos cometidos por personas con padecimientos mentales, y sobre la necesidad de fortalecer la atención psiquiátrica y la seguridad en los planteles educativos.