Aseguran en Querétaro predio con más de medio millón de litros de presunto huachicol; hay un detenido

Elementos de la Fiscalía General de la República (FGR), en coordinación con la Guardia Nacional y la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), realizaron un operativo en Querétaro donde fue asegurado un predio con más de 500 mil litros de hidrocarburo robado, conocido como huachicol, además de la detención de una persona presuntamente relacionada con la extracción y almacenamiento ilegal del combustible.

El decomiso tuvo lugar en un inmueble ubicado en el municipio de San Juan del Río, una zona que en los últimos años ha sido identificada como punto estratégico en el tráfico de combustible robado debido a su cercanía con los ductos de Petróleos Mexicanos (Pemex) que cruzan el Bajío.

Durante la intervención, las autoridades hallaron contenedores de distintas capacidades, mangueras conectadas de forma irregular y equipo utilizado para la sustracción y traslado del hidrocarburo. De acuerdo con los primeros reportes, en el sitio se contabilizaron más de medio millón de litros de combustible almacenados sin permisos legales, lo que representa uno de los aseguramientos más grandes registrados en el estado durante los últimos años.

El detenido fue puesto a disposición del Ministerio Público Federal, quien determinará su situación jurídica en las próximas horas. El predio quedó bajo resguardo mientras peritos de la FGR realizan las diligencias correspondientes para determinar la procedencia del combustible y los posibles vínculos con redes de robo a ductos de Pemex.

Autoridades federales indicaron que este operativo forma parte de la estrategia nacional contra el robo de hidrocarburos, delito que continúa afectando la infraestructura energética del país. Según cifras de Pemex, durante 2025 se han detectado más de 7 mil tomas clandestinas en todo el territorio nacional, siendo Querétaro, Hidalgo y Puebla algunos de los estados con mayor incidencia.

El aseguramiento refuerza la presencia de las fuerzas federales en la región del Bajío y busca desarticular células dedicadas al almacenamiento y distribución de combustible robado, un negocio ilícito que genera pérdidas millonarias al Estado mexicano.