El conflicto que dejó en el abandono a los trabajadores del PRD capitalino
La crisis interna que atraviesa el Partido de la Revolución Democrática (PRD) en la Ciudad de México ha tenido consecuencias devastadoras para al menos 127 trabajadores de base, quienes han pasado todo el año 2025 sin recibir su salario, aguinaldo ni otras prestaciones laborales. La raíz del problema se encuentra en una pugna por la dirigencia local del partido, que ha derivado en la retención de 36 millones de pesos en prerrogativas por parte del Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM).
Desde principios de año, los empleados de los comités estatal y delegacionales han continuado con sus labores sin recibir remuneración alguna. Muchos de ellos, con más de dos décadas de servicio, han tenido que recurrir a trabajos temporales, ventas informales o incluso endeudarse para poder subsistir. La situación ha sido calificada por los propios afectados como una “crisis humanitaria laboral”.
El conflicto se intensificó cuando la diputada Nora Arias fue desconocida por una parte del partido como dirigente estatal, lo que provocó que el IECM congelara los recursos hasta que se resolviera la disputa legal. Aunque el Tribunal Electoral ya ordenó al instituto reconocer los actos administrativos de Arias, el dinero aún no ha sido liberado. En un giro inesperado, la propia dirigencia del PRD-CDMX anunció que, una vez recibidas las prerrogativas, devolverá el 100% de los recursos al erario, lo que deja en el limbo la posibilidad de pagar los adeudos laborales.
Los trabajadores han acudido a instancias como la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, pero hasta ahora no han obtenido una solución efectiva. La falta de respuesta institucional ha generado indignación entre los empleados, quienes acusan a los líderes partidistas de anteponer sus intereses políticos a los derechos laborales.
Este caso pone en evidencia no solo la fragilidad interna del PRD capitalino, sino también la vulnerabilidad de los trabajadores de partidos políticos frente a disputas de poder. Mientras la dirigencia se enfrasca en litigios y decisiones políticas, decenas de familias enfrentan una situación económica crítica, sin certezas sobre su futuro laboral ni acceso a derechos básicos.