La reforma constitucional para eliminar las llamadas “pensiones doradas” de altos funcionarios avanza en el país, luego de que al menos 18 congresos estatales han aprobado el dictamen enviado por el Congreso de la Unión.
La iniciativa, impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, plantea modificar el artículo 127 de la Constitución con el objetivo de establecer límites a las pensiones en el sector público, particularmente en organismos como empresas productivas del Estado y entidades descentralizadas.
El nuevo marco legal establece que ninguna pensión podrá superar el 50% del salario de la persona titular del Ejecutivo federal, lo que en la práctica fija un tope cercano a los 70 mil pesos mensuales.
Además, la reforma contempla que incluso las pensiones ya existentes deberán ajustarse a este límite, lo que ha generado un intenso debate político y jurídico, especialmente por posibles implicaciones en el principio de no retroactividad de la ley.
Mientras tanto, sectores de jubilados y trabajadores han manifestado su inconformidad, argumentando que la medida podría afectar derechos adquiridos, pese a que el oficialismo sostiene que la intención es eliminar privilegios excesivos y no perjudicar pensiones ordinarias.
La aprobación en al menos 17 congresos estatales es requisito para que una reforma constitucional entre en vigor; con 18 entidades ya a favor, el proceso se encuentra prácticamente consolidado.
El debate de fondo gira en torno a la redistribución del gasto público: por un lado, el gobierno argumenta que se trata de una medida de justicia social para terminar con beneficios desproporcionados; por otro, la oposición advierte riesgos legales y posibles afectaciones a la certeza jurídica.