Organizaciones civiles solicitan diálogo institucional con el Servicio de Administración Tributaria tras revocación de donatarias

Diversas organizaciones de la sociedad civil en México solicitaron la apertura de un canal formal de diálogo con el Servicio de Administración Tributaria (SAT), luego de la reciente revocación del estatus de donatarias autorizadas a más de un centenar de asociaciones.

La petición, impulsada por la iniciativa “Manifiesta tu Ciudadanía”, se sustenta en el derecho de petición establecido en la Constitución, con el objetivo de establecer mecanismos de interlocución institucional que permitan dotar de certeza jurídica al sector y revisar los criterios bajo los cuales se están tomando estas decisiones.

De acuerdo con David Pérez Rulfo, integrante del consejo directivo de la iniciativa, las organizaciones civiles desempeñan funciones sustantivas en áreas de interés público como asistencia social, derechos humanos, desarrollo comunitario y medio ambiente, actividades reconocidas en el artículo 79 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

En ese contexto, explicó que el régimen de donatarias autorizadas no constituye un subsidio directo, sino un incentivo fiscal limitado, en el que los donantes pueden deducir aportaciones hasta un porcentaje de su base gravable. En términos prácticos, señaló que la mayor parte de los recursos provienen directamente de los contribuyentes, lo que relativiza el impacto fiscal para el Estado.

Sin embargo, advirtió que la revocación de este estatus tiene efectos operativos significativos, al limitar la capacidad de las organizaciones para recibir donativos deducibles, lo que compromete su sostenibilidad financiera y continuidad de programas.

Uno de los puntos más críticos señalados por el sector es la falta de mecanismos efectivos de defensa y audiencia previa. Según lo expuesto, las cancelaciones se notifican como actos administrativos sin un proceso judicial previo, lo que genera una asimetría respecto a otros contribuyentes y abre cuestionamientos sobre la proporcionalidad de la medida.

Asimismo, se ha señalado que las resoluciones del SAT suelen fundamentarse en incumplimientos generales al artículo 82 de la misma ley, sin detallar de manera específica las irregularidades detectadas en cada caso, lo que incrementa la percepción de discrecionalidad en la aplicación de la norma.

El sector también destacó el alto nivel de regulación al que están sujetas estas organizaciones, incluyendo obligaciones en materia de transparencia, fiscalización y prevención de lavado de dinero, lo que contrasta —según señalaron— con otros sectores económicos menos supervisados.

En este escenario, las organizaciones buscan establecer un diálogo técnico que permita revisar los criterios regulatorios, mejorar los mecanismos de cumplimiento y garantizar condiciones equitativas para el desarrollo de sus actividades.

El fondo del debate trasciende lo fiscal: se trata de la relación entre el Estado y el espacio cívico, así como de las condiciones bajo las cuales las organizaciones pueden contribuir al desarrollo social en México.

Porque más allá de la regulación, lo que está en juego es la viabilidad operativa de un sector que atiende áreas donde, en muchos casos, el propio Estado no alcanza.