Mayoría oficialista aprueba en comisiones el “Plan B” electoral; oposición acusa intento de debilitar al INE

CIUDAD DE MÉXICO.— Con el respaldo de Morena, el Partido Verde y el Partido del Trabajo, las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y Reforma Político-Electoral de la Cámara de Diputados aprobaron el dictamen del llamado “Plan B” de reforma electoral, en medio de señalamientos de la oposición que advierten riesgos para la autonomía de las instituciones y el equilibrio democrático.

El proyecto avanzó con 60 votos a favor y 13 en contra, tras una modificación clave: la eliminación del apartado que proponía empatar la revocación de mandato con las elecciones federales, un punto que había generado resistencias incluso dentro del bloque oficialista. Con ese ajuste, el PT cerró filas y garantizó la mayoría necesaria.

El coordinador de los diputados petistas, Reginaldo Sandoval, confirmó el respaldo de su bancada al dictamen, al sostener que los cambios se alinean con una política de austeridad y no comprometen —según dijo— el funcionamiento de las autoridades electorales. Sin embargo, el reposicionamiento del PT evidenció las tensiones internas que han acompañado la discusión de esta reforma desde su paso por el Senado.

Del lado de la oposición, PAN, PRI y Movimiento Ciudadano mantuvieron su rechazo frontal. Legisladores panistas señalaron que la iniciativa no atiende problemas estructurales como la presunta intervención del crimen organizado en procesos electorales, mientras que el PRI acusó que la reforma persigue un rediseño institucional orientado a concentrar poder y debilitar al árbitro electoral.

En tribuna, el priista Emilio Suárez advirtió que el “Plan B” no busca perfeccionar el sistema democrático, sino reducir capacidades operativas del Instituto Nacional Electoral y del Tribunal Electoral bajo el argumento de la austeridad. A su juicio, se trata de una reforma con sesgo centralista que pone en entredicho el federalismo electoral.

El debate también incluyó referencias políticas de alto calibre. Desde el PAN, el diputado Homero Niño de Rivera cuestionó la relación del poder político con actores del crimen organizado, en un señalamiento que elevó el tono de la discusión y evidenció la polarización que rodea el tema.

Con la aprobación en comisiones, el dictamen se perfila para su discusión en el pleno de la Cámara de Diputados, donde se anticipa un nuevo episodio de confrontación política en torno a una de las reformas más controvertidas del actual periodo legislativo.

El avance del “Plan B” ocurre en un contexto de creciente disputa sobre el modelo electoral mexicano, donde el discurso de austeridad impulsado por el oficialismo contrasta con las advertencias de especialistas y opositores que ven en la reforma un posible debilitamiento de los contrapesos institucionales.