Sheinbaum pide a gobernadora de Chihuahua aclarar presencia de agentes extranjeros en la entidad

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, señaló que corresponde al gobierno de Chihuahua explicar la presencia de agentes extranjeros en territorio estatal, luego de la controversia generada por reportes sobre personal foráneo vinculado a labores de seguridad.

Durante su posicionamiento, la mandataria federal sostuvo que será la administración encabezada por la gobernadora Maru Campos la que deberá informar con precisión bajo qué esquema se permitió dicha presencia, cuáles fueron las funciones desempeñadas y qué tipo de coordinación existió con autoridades mexicanas.

El tema ha generado debate público debido a que la participación de agentes extranjeros en asuntos de seguridad dentro del país suele ser especialmente sensible por sus implicaciones legales, políticas y diplomáticas. En México, la actuación de personal extranjero está sujeta a marcos de cooperación específicos y, en determinados casos, requiere coordinación con autoridades federales.

Aunque Sheinbaum no profundizó en detalles sobre el caso concreto, su declaración marcó distancia respecto de cualquier responsabilidad directa del gobierno federal en los hechos reportados, al tiempo que colocó el foco en las autoridades estatales.

La polémica también revive una discusión recurrente sobre los límites de la cooperación internacional en materia de combate al crimen organizado, inteligencia y seguridad fronteriza, particularmente en entidades del norte del país donde históricamente han existido mecanismos de colaboración con agencias de Estados Unidos.

Chihuahua, por su ubicación estratégica y su condición fronteriza, enfrenta retos constantes en materia de seguridad, tráfico de personas, narcotráfico y delitos transnacionales, lo que ha motivado en distintos momentos esquemas de coordinación binacional.

Sin embargo, especialistas han advertido que cualquier colaboración debe conducirse con transparencia institucional, respeto a la soberanía nacional y claridad sobre atribuciones, para evitar vacíos legales o tensiones políticas.

Hasta el momento, el gobierno estatal no había emitido una explicación amplia que disipara todas las dudas generadas por el caso. Mientras tanto, el señalamiento presidencial incrementa la presión política para que la administración chihuahuense detalle lo sucedido y precise si existieron convenios formales o autorizaciones previas.