Guillermo Arturo Zuany Portillo renunció a su cargo dentro de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua luego de la polémica generada por la presunta participación de agentes estadounidenses, señalados en diversos reportes como integrantes de la CIA, en operativos contra laboratorios clandestinos realizados en la entidad.
La salida de Zuany ocurre en medio de investigaciones federales y estatales relacionadas con posibles omisiones en la coordinación de dichos operativos, particularmente por no haber informado oportunamente a mandos superiores ni al gobierno federal sobre la presencia de agentes extranjeros armados dentro de instalaciones y acciones de seguridad en territorio mexicano.
El caso tomó relevancia nacional tras revelarse que dos ciudadanos estadounidenses murieron junto con funcionarios estatales en un accidente carretero ocurrido después de un operativo realizado en abril pasado en la Sierra Tarahumara, donde autoridades localizaron un presunto narcolaboratorio con grandes cantidades de precursores químicos y metanfetamina.
Posteriormente, investigaciones internas y reportes periodísticos señalaron que agentes estadounidenses habrían participado o acompañado operativos coordinados desde áreas de inteligencia y operaciones estratégicas de la Fiscalía estatal, situación que abrió cuestionamientos sobre posibles violaciones a la Ley de Seguridad Nacional y a los protocolos de cooperación internacional.
De acuerdo con información publicada por diversos medios nacionales, la fiscal estatal Wendy Chávez confirmó la existencia de material videográfico donde presuntamente aparece un agente extranjero armado dentro de instalaciones oficiales de la Fiscalía de Operaciones Estratégicas. Tras ello, se solicitó la renuncia de Zuany Portillo.
La Fiscalía General de la República mantiene abiertas al menos dos líneas de investigación: una relacionada con el aseguramiento del narcolaboratorio y otra enfocada en determinar si existieron delitos vinculados con la participación de agentes extranjeros sin autorización expresa del Ejecutivo federal.
El escándalo también ha escalado al terreno político. Morena promovió acciones y exigencias de comparecencia contra la gobernadora Maru Campos, acusando posibles violaciones a la soberanía nacional, mientras autoridades federales insistieron en que no existía conocimiento oficial sobre la participación de agentes estadounidenses en dichos operativos.
La crisis provocó previamente la salida del entonces fiscal estatal César Jáuregui y mantiene bajo presión política a la administración estatal de Chihuahua, en uno de los episodios más delicados recientes relacionados con cooperación internacional en materia de seguridad y combate al narcotráfico.