El presidente de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia del Congreso de Querétaro, Guillermo Vega Guerrero, informó que dicho órgano legislativo ha dictaminado hasta el momento 40 iniciativas de ley, consolidándose, aseguró, como la comisión más productiva dentro de la actual legislatura local.
Durante sesión de trabajo, Vega Guerrero detalló que la comisión ha sesionado en 24 ocasiones y reconoció la participación de los diputados Enrique Antonio Correa Sada y Homero Barrera Mcdonald, integrantes de la comisión, por el análisis y aportaciones realizadas a los distintos proyectos legislativos. No obstante, señaló que aún permanecen pendientes alrededor de 50 iniciativas por dictaminar.
Entre los dictámenes aprobados considerados más relevantes, destacó las reformas al Código Penal para combatir la usurpación de profesiones en materia de salud, con el objetivo de evitar la práctica de “médicos pirata”; así como la creación de la Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia de Género contra las Mujeres.
También mencionó iniciativas relacionadas con la protección de menores en espacios educativos respecto al uso de celulares, medidas para prevenir violencia familiar contra mujeres embarazadas y la tipificación del delito de acecho dentro de la legislación penal estatal.
Asimismo, resaltó la incorporación de sanciones por el uso indebido de inteligencia artificial con fines sexuales, así como herramientas legales adicionales para que la Fiscalía General pueda combatir con mayor eficacia los llamados préstamos “gota a gota”.
Dentro de los proyectos aprobados también se encuentra el endurecimiento de sanciones contra conductores bajo efectos del alcohol o sustancias tóxicas, la aprobación de la llamada Ley Monzón —relacionada con la pérdida de la patria potestad en casos de feminicidio— y reformas enfocadas en combatir la cohabitación forzada de menores de edad.
Durante la misma sesión, la comisión aprobó reformas al Dictamen de Declaratoria de inicio de vigencia del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares en Querétaro, luego de que el Tribunal Superior de Justicia del Estado considerara que aún no existen condiciones operativas suficientes para implementar completamente el nuevo modelo procesal.
El Poder Judicial estatal argumentó que todavía se requiere avanzar en armonización normativa, consolidación tecnológica, capacitación y fortalecimiento de prácticas de oralidad para evitar afectaciones al acceso a la justicia y garantizar certeza jurídica en la transición hacia el nuevo sistema.
Los legisladores coincidieron en la necesidad de implementar una transición gradual y ordenada que permita garantizar el correcto funcionamiento del nuevo modelo procesal y evitar afectaciones al servicio público de impartición de justicia.