#TenemosQueHablar 18 Mayo 2026

Hay algo profundamente enfermo en un país que se indigna más cuando Estados Unidos investiga a un político (del que, seamos honestos, nadie está realmente sorprendido de que esté bajo investigación) que cuando una comunidad entera tiene que huir al cerro para no ser asesinada.

Eso también es soberanía. De hecho, quizás es la única soberanía legítima.

Porque mientras en la mañanera y en los medios propagandistas se rasgan las vestiduras hablando de intervencionismo extranjero, en Guerrero hay pueblos enteros aprendiendo a vivir como si estuvieran en guerra. Y no una guerra abstracta de discurso presidencial. Una guerra de verdad. De las que huelen a humo, a tierra mojada y a miedo. De las que obligan a madres a dormir entre árboles abrazando a sus hijos para que no lloren y los encuentren.

En Chilapa de Álvarez, comunidades completas tuvieron que desplazarse mientras hombres armados avanzaban sobre la región como si el Estado mexicano fuera apenas una decoración burocrática. Gente que dejó la comida servida, los animales sueltos, las puertas abiertas y los recuerdos colgados en la pared porque quedarse significaba apostar la vida. Porque cuando el crimen organizado toma el control de un territorio, la gente no “migra”. La gente escapa.

Y luego está San Pedro Huitzapula. Un nombre que probablemente nunca aparecerá en las sobremesas aspiracionales de la clase política mexicana. Porque México tiene una jerarquía muy clara del dolor: hay tragedias que merecen cadena nacional y otras que apenas alcanzan un comunicado perdido en internet.

La comunidad denunció ataques armados, desplazamientos y asesinatos. Familias enteras refugiadas entre cerros mientras un grupo criminal decide quién puede circular, quién puede organizarse y quién puede vivir. Y ahí es donde la discusión deja de ser solamente de seguridad pública y se convierte en algo mucho más incómodo: la pérdida gradual del monopolio legítimo de la fuerza por parte del Estado.

Max Weber decía que el Estado existe, esencialmente, porque concentra el uso legítimo de la violencia dentro de un territorio. Bueno… pues hay regiones enteras de México donde esa definición ya empezó a hacer agua. Y no poquito.

Porque cuando un grupo criminal desplaza comunidades indígenas completas, impone control territorial y condiciona la vida cotidiana, lo que existe ya no es únicamente delincuencia organizada. Es una forma paralela de soberanía. Una soberanía criminal.

Y mientras eso ocurre, acá siguen atrapados en el patriotismo performático de conferencia mañanera.

Nos dicen que defender la soberanía es indignarse cuando agencias extranjeras investigan a políticos mexicanos. Como si la patria fuera una especie de pacto de impunidad con bandera tricolor. Como si el gran riesgo nacional fuera que desde afuera exhiban a ciertos personajes… y no el hecho de que desde adentro ya hay territorios donde el gobierno perdió el control hace años.

No chinguen.

La soberanía no se defiende en discursos. Se defiende garantizando que una niña pueda dormir en su casa sin escuchar ráfagas de AR-15 durante la madrugada. Se defiende asegurando que una comunidad indígena no tenga que esconderse en el monte mientras espera que llegue un Estado que nunca llega. O peor: que llega tarde, se toma la foto y se vuelve a ir.

Lo demás es propaganda emocional para consumo político.

Y quizá ahí está una de las tragedias más sofisticadas de México: han aprendido a confundir narrativa con realidad. Mientras exista un discurso fuerte sobre independencia nacional, pareciera que muchos están dispuestos a ignorar que hay municipios enteros gobernados por el miedo.

Porque Guerrero incomoda muchísimo.

Incomoda porque rompe la fantasía de que el país está bajo control. Porque exhibe que el problema no es solamente la violencia, sino la normalización de la ausencia del Estado. Porque obliga a aceptar que en ciertas regiones la ciudadanía vive bajo una especie de feudalismo criminal donde la autoridad formal coexiste, negocia o simplemente desaparece.

Y eso, aunque suene brutal, es una derrota de soberanía mucho más grande que cualquier investigación extranjera.

Pero claro, es más fácil gritar “intervencionismo” que admitir que hay mexicanos huyendo de mexicanos (o extranjeros) armados mientras el gobierno administra el desastre desde un templete.

Es más rentable políticamente pelearse con Washington que reconocer que en algunas zonas del país el poder real ya cambió de manos.

Y lo más cabrón es que hasta el lenguaje se deformó. Hablan de “zonas calientes”, de “hechos aislados”, de “rebrotes de violencia”, como si estuvieran describiendo el clima y no comunidades enteras fracturadas por el terror.

A veces pareciera que México encontró la manera perfecta de convivir con el horror: burocratizarlo.

Convertir el desplazamiento forzado en estadística. El asesinato en boletín. Y el miedo en paisaje.

Por eso quizá la pregunta importante ya no es si Estados Unidos tiene derecho o no a investigar políticos mexicanos.

La verdadera pregunta es otra muchísimo más incómoda:

¿De qué sirve una soberanía nacional en el papel cuando hay mexicanos que ya no pueden vivir soberanamente en su propia tierra?